La Comunidad de Madrid ha anunciado que el servicio de arbitraje de alquileres será totalmente gratuito a partir de ahora. El Gobierno regional elimina el precio público de 72,60 euros que hasta el momento debían abonar las partes para iniciar un procedimiento, en una medida que busca fomentar la mediación y evitar los tribunales en los conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
Una medida para reforzar la seguridad jurídica
El Consejo Arbitral del Alquiler, creado en 2009, se ha consolidado como una herramienta eficaz para resolver desacuerdos derivados de los contratos de arrendamiento, tanto en viviendas como en locales y oficinas. Desde su creación, ha recibido 1.185 demandas y dictado 1.111 resoluciones, con un tiempo medio de resolución de 40 días hábiles.
Según datos del propio organismo, el 64% de los casos están relacionados con impagos, una de las principales preocupaciones de los propietarios. Con esta medida, el Ejecutivo madrileño pretende reducir la litigiosidad, acelerar la resolución de conflictos y ofrecer una alternativa más accesible y económica a los juzgados.
Enmarcado en el refuerzo del Plan Alquila
La gratuidad del arbitraje forma parte del refuerzo del Plan Alquila, el programa autonómico impulsado para facilitar el acceso a la vivienda, proteger a los propietarios y dinamizar el mercado del alquiler.
Desde 2024, el plan incluye tres años de seguro gratuito de impago y un año de seguro multirriesgo del hogar, medidas que inicialmente solo se aplicaban a contratos con jóvenes menores de 35 años. Ahora, se amplían a todos los propietarios que alquilen sus viviendas a través del programa.
El Plan Alquila, activo desde 2008, ha gestionado más de 75.000 viviendas y mantiene actualmente 13.800 contratos vigentes, lo que ha permitido ofrecer una solución habitacional a más de 23.400 madrileños.
Un mercado del alquiler más transparente y estable
Con la eliminación de las tasas, el Gobierno regional busca mejorar la confianza entre caseros e inquilinos y reforzar la transparencia en el mercado del alquiler. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que esta medida “garantiza la seguridad jurídica y fomenta acuerdos rápidos y justos sin coste para las partes”.
La iniciativa llega en un momento marcado por la subida de los precios del alquiler y la escasez de oferta disponible en la región. Con esta medida, el Ejecutivo madrileño espera favorecer un entorno más equilibrado, donde tanto propietarios como inquilinos “puedan resolver sus diferencias sin tener que recurrir a la vía judicial”.
