La investigación sobre el papel de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dado un giro relevante este viernes. La interventora del centro académico, María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha asegurado ante el juez Juan Carlos Peinado que no aprecia ninguna actuación irregular en la firma de los pliegos de contratación para patrocinadores de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que Gómez codirigía.
Durante su declaración como testigo, celebrada en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Gutiérrez-Vierna ha afirmado que la firma de los pliegos “se realizó conforme a las normas de la universidad” y que no se requiere una cualificación técnica específica para suscribir ese tipo de documentos, despejando así una de las principales sospechas de la causa.
Una asesora de Moncloa, señalada como intermediaria en el uso del software
Según fuentes jurídicas consultadas, las funcionarias citadas también han apuntado a la participación de una asesora de Moncloa como intermediaria entre la cátedra y la universidad en relación con el software cuya presunta apropiación indebida forma parte de una de las líneas de investigación abiertas.
Estas referencias refuerzan la tesis de la defensa de Gómez, que sostiene que ella no tuvo relación directa con la operativa técnica del programa que se investiga y que todo el canal de comunicación pasaba por esa asesora identificada por la UCM.
El juez avanza en la línea del presunto uso indebido del ‘software’
El magistrado Peinado continúa analizando si Gómez pudo apropiarse indebidamente del software desarrollado en la Complutense o si, por el contrario, su participación se limitó a funciones propias de la dirección de la cátedra.
Para ello, este viernes han declarado también Mercedes Vaquero y María Jesús Morillo, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), y Zulma Escalante, codirectora del máster de Formación Permanente en Sostenibilidad ESG.
La defensa renunció a dos de los seis testigos inicialmente solicitados, después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez resolver “sin dilación” la pertinencia de estas declaraciones, que habían sido reclamadas hace más de un año sin éxito.
Líneas de investigación aún abiertas
La causa, que permanece bajo secreto parcial, investiga dos posibles delitos:
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Intrusismo profesional, por la firma de pliegos de contratación.
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Apropiación indebida, por el uso del software de la UCM.
Por el momento, las declaraciones de este viernes respaldan la legalidad de su firma en los documentos contractuales y trasladan el foco hacia la intermediación externa en la gestión del software.
