El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado la nulidad general de las actuaciones del caso Plus Ultra al considerar que durante la investigación se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y que el procedimiento incorpora prueba que considera ilícitamente analizada. La petición coincide con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de abrir una investigación sobre la filtración de los mensajes del exlíder socialista con su secretaria.
La defensa solicita la nulidad del procedimiento
La defensa de Zapatero ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia Nacional en el que solicita que se declare la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
Además, reclama la exclusión del procedimiento de las evidencias obtenidas durante las entradas y registros acordados tanto por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid como por la Audiencia Nacional, al entender que derivan de actuaciones que considera irregulares.
La defensa cuestiona el origen de la investigación
En el escrito presentado, el abogado Víctor Moreno Catena sostiene que el procedimiento parte del análisis de conversaciones privadas no autorizadas, realizadas en el marco de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que, según expone, no se ajustaban al marco legal.
Asimismo, argumenta que existieron maniobras dirigidas a conducir el procedimiento hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, añadiendo que la nulidad de actuaciones tiene su origen en la propia génesis de la investigación y se extiende al resto del procedimiento.
El juez ordena investigar la filtración de los chats
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar el origen, el posible carácter delictivo y la identificación de los responsables de la filtración de los mensajes intercambiados entre José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar.
El magistrado ha decidido deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue unas filtraciones que considera de especial gravedad por su posible encaje en delitos relacionados con la revelación de actuaciones declaradas reservadas.
Medidas para reforzar la protección de la causa
Como parte de las decisiones adoptadas, Calama ha acordado crear una pieza de información sensible en la que quedarán incorporadas las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados dentro del procedimiento.
El acceso a esa documentación quedará limitado exclusivamente al juzgado y al Ministerio Fiscal, con el objetivo de reforzar la protección de la información incorporada a la investigación.
La difusión de los anexos policiales
La resolución judicial también pone el foco en la difusión pública de documentación incorporada al último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), conocido este miércoles.
Según recoge el auto, el contenido íntegro de los anexos del informe policial fue difundido pese a contener datos incompatibles con una publicación indiscriminada, circunstancia que, a juicio del magistrado, podría dar lugar tanto a responsabilidades penales como disciplinarias o profesionales.
La investigación sobre el origen de esas filtraciones se desarrollará de forma paralela a la tramitación del procedimiento principal del caso Plus Ultra, mientras la Audiencia Nacional estudia la solicitud de nulidad presentada por la defensa del expresidente.
