La crisis institucional entre el Gobierno y el poder judicial se agrava tras una nueva imputación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Gómez a declarar el próximo 11 de septiembre, esta vez por un presunto delito de malversación de caudales públicos, que se suma a otras cuatro causas ya abiertas.
La nueva imputación está relacionada con la contratación en La Moncloa de su amiga Cristina Álvarez, quien habría sido designada como asesora sin cumplir los criterios exigidos para el cargo, según detalla el auto judicial. Esta actuación podría constituir un caso de desvío irregular de fondos públicos, al implicar un posible uso indebido de recursos del Estado en beneficio de intereses personales.
El Gobierno carga contra el juez Peinado
En respuesta, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha arremetido duramente contra el juez instructor. En declaraciones públicas, Puente lo calificó como “un activo para la derecha”, en referencia a lo que considera una persecución política y mediática desde sectores conservadores del poder judicial.
Estas palabras han sido interpretadas como un nuevo ataque del Ejecutivo al poder judicial, en un contexto de creciente tensión institucional. El Gobierno ya había cuestionado anteriormente la independencia de ciertas investigaciones relacionadas con el entorno de Sánchez, pero esta nueva imputación vuelve a colocar el foco sobre la interferencia política en causas judiciales.
El PP exige respeto a la Justicia
Desde la oposición, el Partido Popular ha exigido al Gobierno que respete las decisiones judiciales y ha acusado al Ejecutivo de intentar deslegitimar el trabajo de jueces y fiscales cuando las decisiones no le son favorables. “No se puede erosionar la independencia judicial desde el propio poder ejecutivo”, han señalado fuentes del PP, que califican de “inadmisible” la reacción de Puente y otros miembros del Gobierno.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo también ha anunciado que solicitará la comparecencia de varios ministros para que den explicaciones sobre el alcance de las acusaciones contra Begoña Gómez y la respuesta institucional que se está ofreciendo desde el Ejecutivo.
Cinco delitos imputados a Begoña Gómez
Con esta nueva causa, Begoña Gómez acumula ya cinco delitos imputados por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid:
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Tráfico de influencias
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Corrupción en los negocios
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Apropiación indebida
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Intrusismo profesional
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Malversación de caudales públicos
La investigación se centra en posibles tramas de favoritismo y uso irregular de recursos públicos en su entorno profesional, tanto en la esfera universitaria como en sus vínculos con cargos institucionales. Aunque la defensa de Gómez ha negado categóricamente todas las acusaciones, la causa sigue adelante y será clave la declaración prevista para el 11 de septiembre.
Crece la presión política y mediática
El caso Begoña Gómez se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales y políticos del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde distintos sectores se reclama transparencia y responsabilidad institucional, mientras que en otros ámbitos se denuncia una supuesta judicialización de la vida política.
La evolución del caso, y especialmente lo que ocurra en la comparecencia del 11 de septiembre, podría tener importantes implicaciones para la estabilidad del Ejecutivo, ya muy tensionado por otros frentes como la ley de amnistía, la crisis económica y las movilizaciones sociales.
