El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado “rotundamente” haber filtrado información sobre el empresario Alberto González Amador, en el marco del proceso judicial por revelación de secretos. Durante su declaración ante el juez instructor, cuyas imágenes se han filtrado en las últimas horas, el fiscal insistió en su inocencia y puso en duda la imparcialidad del magistrado encargado de la causa.
García Ortiz niega las filtraciones y se desvincula de los correos
En los vídeos difundidos, el fiscal general rechaza haber filtrado ningún correo ni documento confidencial, aunque admite haber borrado el contenido de su teléfono móvil. “Yo borro absolutamente todo, y lo hago de manera regular”, declaró, defendiendo que se trata de una práctica habitual y no relacionada con la investigación.
Sin embargo, García Ortiz sí asumió la autoría de la nota de prensa emitida por la Fiscalía que contenía información sobre el caso de González Amador. La controversia gira en torno a quién facilitó los datos concretos a los medios de comunicación, ya que la publicación incluía detalles sobre las conversaciones entre el empresario y la Fiscalía.
Testimonio de la fiscal de Madrid
Durante la vista, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, afirmó que fue el propio García Ortiz quien presionó para difundir la nota de prensa de forma inmediata. “Según cogí el teléfono, le dije: ‘Álvaro, has filtrado la nota’. Me dijo: ‘Eso ahora no importa, la tenéis que publicar ya. Íñigo no quiere sacarla, pero tiene que salir ahora mismo’”, relató Lastra ante el juez.
El testimonio ha añadido nuevas dudas sobre la responsabilidad del fiscal general en la filtración de los datos y ha reavivado el debate sobre el uso de la comunicación institucional en procesos judiciales en curso.
El fiscal cuestiona la imparcialidad del juez instructor
Durante su declaración, García Ortiz no solo negó las acusaciones, sino que cuestionó abiertamente la neutralidad del magistrado instructor, señalando que el proceso “no busca el descubrimiento de la verdad” y que la instrucción “le perjudica personalmente”.
El fiscal se acogió a su derecho a no responder a las preguntas del juez, limitándose a contestar las formuladas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Esta decisión ha sido interpretada por la acusación como una estrategia para evitar contradicciones durante la investigación.
González Amador denuncia daños personales y profesionales
Por su parte, Alberto González Amador también declaró en la causa, afirmando que desde 2023 comenzó a detectar comportamientos “extraños” en el procedimiento judicial. “He intentado evitar el ruido mediático, pero este proceso ha sido un destrozo personal y profesional”, aseguró el empresario, quien explicó que siempre había intentado mantener el anonimato para no perjudicar a su pareja, la presidenta madrileña.
Una investigación con implicaciones políticas y judiciales
El caso se centra en la filtración de conversaciones entre los abogados de González Amador y la Fiscalía, que fueron publicadas tras una nota de prensa oficial. En ella se atribuían al empresario supuestos reconocimientos de delitos fiscales, extremos que él niega rotundamente.
Las acusaciones mantienen que fue el propio García Ortiz quien autorizó o permitió la difusión de la información confidencial, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos. Por ello, piden más de cuatro años de prisión para el fiscal general.
Un juicio bajo la lupa pública
El futuro judicial de García Ortiz se decidirá ante un tribunal compuesto por siete magistrados de mayoría conservadora, lo que ha reavivado el debate sobre la politización del sistema judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.
Mientras tanto, el caso continúa generando tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, con el entorno de Ayuso denunciando una persecución política y la oposición reclamando transparencia y responsabilidades institucionales.
Un nuevo capítulo en la relación entre justicia y política
Este episodio añade un nuevo frente a la crisis de confianza entre el poder judicial y la Fiscalía General del Estado, en un contexto donde las filtraciones, la gestión de la información y la independencia institucional vuelven a situarse en el centro del debate público.
