La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido rechazar la división del denominado ‘caso Begoña Gómez’, al considerar que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada para investigar a la esposa del presidente del Gobierno fue “prematura e inmotivada”. No obstante, el tribunal avala que continúe la investigación sobre un posible delito de malversación de caudales públicos, relativo a la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Según consta en el auto judicial, la Sección correspondiente de la Audiencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la defensa de Begoña Gómez, que había solicitado anular la decisión de Peinado de mantener una pieza separada sobre la presunta malversación vinculada al desempeño de la asistente de la esposa del presidente.
La resolución sostiene que la decisión del juez instructor “es prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental”, ya que la apertura de una pieza separada no estaba suficientemente justificada ni por la naturaleza de los hechos ni por las normas procesales aplicables.
“Si bien pudiera afirmarse que se trata de una mera decisión de acomodación procedimental sin mayor trascendencia e impuesta legalmente, al comprobar que el delito investigado corresponde ser tramitado conforme a la Ley del Tribunal del Jurado, la decisión sí tiene relevancia dada la complejidad de los diversos hechos investigados”, indica el auto.
La investigación continuará en la causa principal
Pese a la corrección al juez Peinado, la Audiencia Provincial respalda que la investigación por presunta malversación siga adelante dentro de la pieza principal del procedimiento, sin necesidad de desgajarla. Asimismo, el tribunal advierte al magistrado de que debe “adoptar las decisiones oportunas para acomodar el resto de actuaciones practicadas” tras la apertura de la pieza separada.
La resolución también aclara que, en el marco de este procedimiento, “no se investiga la legalidad del nombramiento de la asistente de la mujer del presidente”, ya que dicho puesto se considera necesario por razones protocolarias, de organización de agenda y de seguridad.
Sin embargo, el tribunal apunta que la investigación habría derivado hacia una posible extralimitación de las funciones del cargo, dado que, según las diligencias practicadas, “la funcionaria habría participado, desde su puesto en la Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente”.
Contexto del caso
El denominado caso Begoña Gómez se originó a raíz de una denuncia presentada por un sindicato, en la que se cuestionaban posibles irregularidades en los contratos y colaboraciones de la esposa del presidente del Gobierno con entidades que posteriormente resultaron adjudicatarias de fondos públicos.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha sido el encargado de la investigación, que en los últimos meses ha generado repercusiones políticas y mediáticas. La defensa de Gómez ha sostenido en todo momento que no existe base penal alguna y que las diligencias se fundamentan en “conjeturas y valoraciones políticas sin sustento jurídico”.
Con esta decisión, la Audiencia Provincial marca un punto de inflexión procesal: mantiene viva la investigación, pero limita el alcance de las actuaciones judiciales y recalca la necesidad de un procedimiento ajustado a derecho y debidamente motivado.
