La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado indicios de posible fraude y discriminación en la adjudicación de contratos públicos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next, propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, y The Valley Digital.
El caso ha cobrado especial relevancia porque ambas compañías aportaron cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de un procedimiento de contratación de Red.es por un importe total de 8,4 millones de euros.
El informe, de más de 300 páginas, fue solicitado por la Fiscalía Europea, que investiga si estas adjudicaciones pudieron comprometer fondos comunitarios.
Falta de transparencia y posibles irregularidades
La IGAE concluye que existió una “gran opacidad” en el proceso de contratación, lo que contravendría el principio de transparencia que debe regir en la administración pública.
El organismo señala que la mesa de contratación de Red.es valoró criterios técnicos no evaluables mediante fórmula, una competencia que debería haber correspondido a un comité de expertos externo o a un organismo técnico especializado. Sin embargo, la valoración se realizó a partir de informes elaborados por el propio director del departamento proponente, algo expresamente limitado por la normativa vigente.
Además, Hacienda subraya que las medidas para prevenir conflictos de interés fueron insuficientes. Los criterios de puntuación se redujeron a una cifra global, sin desglose ni posibilidad de comprobar cómo se alcanzó la valoración final.
Documentación borrada y falta de garantías
El informe también advierte que los documentos relativos a los criterios técnicos presentaban metadatos eliminados y ausencia de firma, lo que impide confirmar con seguridad quién los elaboró.
Asimismo, los evaluadores valoraron de manera positiva la existencia de acuerdos y cartas de apoyo, como las remitidas por Gómez, y consideraron negativamente la ausencia de este tipo de respaldos en el resto de las ofertas. Según Hacienda, esta práctica pudo haber influido de forma determinante en la adjudicación final.
La Fiscalía Europea mantiene abierta la investigación
La investigación continúa en manos de la Fiscalía Europea, que deberá determinar si estas irregularidades supusieron un perjuicio a los fondos comunitarios asignados. De confirmarse, el caso podría derivar en responsabilidades administrativas y penales para los implicados.
