La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la Audiencia Provincial que impida que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos electrónicos de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde julio de 2018 hasta la actualidad. El Ministerio Público considera que la medida ordenada por el juez instructor Juan Carlos Peinado es “desmesurada y sin motivación”, ya que afecta directamente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
El recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, cuestiona que la decisión del magistrado se dictara mediante providencia y no a través de un auto, como correspondería en casos que limitan derechos fundamentales. Además, recuerda que la propia Audiencia de Madrid ya ha advertido en otras ocasiones al juez Peinado sobre la necesidad de motivar sus resoluciones.
Una decisión sin motivación suficiente
La Fiscalía subraya que la orden de revisar “todos los correos enviados y recibidos” desde la cuenta oficial de Presidencia de Gómez carece de proporcionalidad y de un análisis de idoneidad y necesidad. “¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? ¿Qué se busca con esta medida?”, plantea el Ministerio Público en su recurso.
Defensa y seguridad reforzada
El recurso del Ministerio Público se suma al ya presentado por la defensa de Begoña Gómez, encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho, que igualmente solicitó frenar la diligencia por vulnerar derechos fundamentales.
Paralelamente, Moncloa ha reforzado el dispositivo de seguridad en torno a Gómez desde que comenzó la investigación. Según informa La Razón, dispone ahora de hasta 12 agentes de paisano que la acompañan en sus desplazamientos, especialmente durante sus comparecencias judiciales y actos públicos.
La controversia sobre la investigación a Gómez sigue marcando la agenda judicial y política, mientras la Audiencia Provincial deberá decidir si avala o limita la actuación ordenada por el juez Peinado.