La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias abiertas tras una denuncia presentada contra Julio Iglesias al considerar que los tribunales españoles no son competentes para investigar los hechos denunciados. Según el Ministerio Público, los supuestos hechos se habrían producido fuera del territorio nacional y no concurren los requisitos legales que permiten a la jurisdicción española actuar en este tipo de casos.
La decisión adoptada por la Fiscalía responde exclusivamente a criterios de competencia y jurisdicción, y no implica un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones ni sobre la veracidad de los hechos relatados en la denuncia.
Archivo por falta de jurisdicción
El decreto de archivo pone fin a las diligencias preprocesales abiertas a comienzos de enero tras la presentación de una denuncia en nombre de dos antiguas trabajadoras vinculadas al entorno laboral del artista. Tras analizar la documentación aportada y la normativa aplicable, la Fiscalía concluye que la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar unos hechos que habrían tenido lugar en el extranjero y que no presentan vínculos jurídicos suficientes con España.
En su resolución, el Ministerio Público subraya que ni el lugar de comisión de los hechos ni la situación personal de las denunciantes permiten activar los supuestos de jurisdicción extraterritorial previstos en la legislación española. En consecuencia, la Fiscalía acuerda el archivo de las actuaciones al no poder continuar la investigación en esta sede.
Contexto y antecedentes del caso
La denuncia fue presentada el 5 de enero y dio lugar a la apertura de diligencias preliminares destinadas a determinar si los tribunales españoles podían asumir la investigación. En esta fase, la actuación de la Fiscalía no suponía la imputación formal del artista, sino una evaluación previa de competencia y viabilidad jurídica.
Los hechos descritos en la denuncia se sitúan fuera de España y se refieren a acontecimientos ocurridos en propiedades del cantante en el Caribe. La Fiscalía examinó si concurrían las condiciones necesarias para que la Audiencia Nacional pudiera actuar, como la existencia de víctimas con residencia en España o la ausencia de actuación por parte de las autoridades de los países competentes, circunstancias que finalmente no se apreciaron.
Los motivos del archivo
El criterio central del archivo es la falta de competencia jurisdiccional. La Fiscalía recuerda que la legislación española permite, en determinados supuestos, perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional, pero exige una serie de requisitos adicionales que en este caso no se cumplen.
Entre los elementos valorados figuran el lugar de comisión de los hechos, la nacionalidad y residencia de las presuntas víctimas, así como la existencia de Estados plenamente competentes para investigar los hechos conforme a su propio ordenamiento jurídico. En ausencia de estos presupuestos, la Fiscalía concluye que España no puede asumir la investigación.
El decreto precisa expresamente que esta decisión no entra a valorar el contenido material de la denuncia ni prejuzga los hechos relatados, limitándose a una apreciación estrictamente jurídica sobre la competencia de los tribunales españoles.
El posicionamiento de Julio Iglesias
Días antes de que se acordara el archivo, Julio Iglesias hizo pública su postura a través de sus redes sociales. En un comunicado difundido en su perfil oficial, el artista negó de forma categórica las acusaciones y defendió su inocencia, calificando las imputaciones de falsas.
En ese mismo mensaje, explicó que había decidido pronunciarse públicamente ante la difusión mediática del caso y sostuvo que no había tenido acceso formal a la denuncia en el momento de realizar sus declaraciones. Como parte de su argumentación, publicó capturas de conversaciones privadas que, según su versión, cuestionan la consistencia del relato de las denunciantes.
Estas manifestaciones forman parte de la posición personal del artista y no han sido objeto de valoración judicial en esta fase del procedimiento.
Alcance de la decisión y posibles vías futuras
El archivo acordado por la Fiscalía no equivale a una absolución ni a una resolución sobre el fondo del asunto. Se trata de una decisión técnica que pone fin a la actuación del Ministerio Público en España por razones de competencia.
No obstante, la resolución no impide que las denunciantes puedan ejercer las acciones legales que estimen oportunas ante los órganos judiciales de los países que resulten competentes conforme al derecho internacional y a sus respectivos sistemas jurídicos.
Marco jurídico y lectura institucional
La decisión de la Fiscalía pone de relieve los límites de la jurisdicción penal española en procedimientos con elementos internacionales y la aplicación estricta de los principios de territorialidad y competencia. El caso subraya que la nacionalidad del investigado, por sí sola, no resulta suficiente para habilitar la intervención de los tribunales españoles cuando los hechos se sitúan fuera de su ámbito jurisdiccional y existen autoridades competentes en otros Estados.
