Esta decisión judicial marca un hito, al ser la primera vez que se cita en España al máximo responsable de una gran tecnológica de EE. UU. por este tipo de delitos. La investigación se centra en la facilitación de servicios que, según los querellantes, impiden la eficacia del bloqueo dinámico de direcciones IP utilizado para frenar las retransmisiones ilícitas de fútbol.
LALIGA y Movistar+ estiman que el daño económico derivado de la actividad que Cloudflare permite o facilita asciende a 859 millones de euros anuales.
El papel de Cloudflare en la red de piratería
Según la documentación aportada en la querella, aproximadamente el 38% de los servidores que difunden contenidos ilícitos en España utilizan la infraestructura de Cloudflare. La tecnología de la empresa funcionaría como un intermediario (reverse proxy) que oculta la dirección IP real de los servidores piratas, dificultando su localización y bloqueo por parte de las autoridades.
Los querellantes sostienen que la compañía ha ignorado sistemáticamente los requerimientos de cese de actividad. Se han presentado pruebas de que Cloudflare recibió más de 114 notificaciones detalladas sobre plataformas ilegales sin adoptar medidas eficaces para detenerlas, a pesar de tener capacidad técnica para bloquear el acceso de forma inmediata.
Un conflicto legal cruzado
La tensión entre la patronal del fútbol y la tecnológica estadounidense no es nueva. Mientras LALIGA acusa a Cloudflare de proteger a servicios de IPTV pirata y sistemas de cardsharing, la empresa norteamericana ha denunciado previamente a LALIGA ante los juzgados. Cloudflare exige la nulidad de la sentencia de 2022 que permite a la patronal ejecutar bloqueos de páginas web a través de las operadoras, alegando que dichas medidas afectan a la neutralidad de la red.
Con esta citación, el juzgado madrileño busca dirimir si Matthew Prince y la propia persona jurídica de Cloudflare Incorporation han incurrido en una responsabilidad penal al proporcionar la cobertura técnica necesaria para que los portales de streaming ilícito sigan operando en España.
