Los ocho activistas conocidos como ‘Las 8 de Becerril’ han reclamado el archivo de la causa judicial abierta contra ellos por su participación en la protesta que interrumpió una etapa de La Vuelta a España 2025, denunciando lo que consideran una “criminalización” de la protesta pacífica.
Acusaciones y contexto judicial
Los encausados están siendo investigados por presuntos delitos de atentado a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos, lo que podría derivar en penas de prisión. Los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2025, cuando una protesta propalestina interrumpió el desarrollo de la ronda ciclista a su paso por Becerril de la Sierra.
Según la versión trasladada por los activistas, la acción consistió en el despliegue de una pancarta desde un puente y la ocupación de la carretera por parte de varios participantes, en una movilización que congregó a más de un centenar de personas.
Campaña de apoyo y defensa jurídica
Durante una rueda de prensa frente a la Fiscalía General del Estado, varios de los encausados anunciaron la puesta en marcha de la campaña ‘Las 8 de Becerril’, impulsada junto a la Asamblea de Vivienda de Villalba y Amnistía Internacional.
Además, han iniciado un crowdfunding con el objetivo de recaudar al menos 20.000 euros para afrontar los costes del proceso judicial, cuya próxima cita está fijada para el 21 de octubre en un juzgado de Collado Villalba.
Denuncia de “hipocresía” y “castigo ejemplarizante”
Los activistas han acusado al Gobierno de “hipocresía”, al considerar contradictorio que se anime al boicot en determinados contextos mientras se permite la persecución judicial de este tipo de protestas.
El único detenido durante los hechos, Pablo González, ha asegurado que el procedimiento supone “un castigo ejemplarizante” y ha denunciado una actuación “desproporcionada” durante su detención, que según su relato se prolongó menos de dos horas.
Por su parte, el abogado defensor, Diego Redondo, ha calificado la causa como “un juicio político” y ha advertido de que podría acarrear “importantes penas de prisión”, insistiendo en que sus clientes niegan los hechos de forma rotunda.
Defensa de la protesta pacífica
Los encausados han defendido que su actuación se enmarca en la desobediencia civil como herramienta democrática, reiterando que la protesta fue pacífica y exigiendo el sobreseimiento inmediato de la causa.
Desde Amnistía Internacional, Daniel Canales ha respaldado esta postura al afirmar que “protestar no es un delito”, advirtiendo además del “efecto disuasorio” que pueden generar este tipo de procedimientos judiciales sobre la participación ciudadana.
Debate sobre el papel de las instituciones
En relación con la posibilidad de que la Comunidad de Madrid se persone como acusación en este tipo de casos, la defensa ha señalado que no tiene constancia de que exista esa intención, aunque ha advertido de que, de producirse, supondría “otra limitación más del derecho a la protesta”.
