La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicita la paralización de la causa judicial que la investiga, al tiempo que denuncia estar siendo objeto de un “juicio paralelo” en medios de comunicación y redes sociales.
Recurso contra la actuación del juez instructor
En el escrito presentado, la defensa acusa al juez Juan Carlos Peinado de investigar a Gómez “por el mero hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”, cuestionando así el fundamento de la instrucción.
Asimismo, el recurso solicita que se suspenda el procedimiento mientras la Audiencia resuelve las impugnaciones presentadas contra la decisión de orientar la causa hacia un posible juicio con jurado popular.
Petición de paralización del procedimiento
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, reclama que se acuerde la “suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado”, lo que implicaría la paralización de todos los plazos procesales en curso.
Según argumenta la defensa, permitir que el proceso continúe mientras se resuelven los recursos podría derivar en una situación “procesalmente insostenible”, al avanzar de forma irreversible.
Antecedentes de la decisión judicial
La Audiencia Provincial de Madrid ya intervino en febrero para frenar la intención del juez de encauzar la investigación hacia un juicio con jurado popular, al estimar un recurso de la defensa.
En aquella resolución, los magistrados consideraron que no existían “indicios racionales de criminalidad” suficientes para justificar esa vía procesal.
Sin embargo, posteriormente, el juez instructor dictó un nuevo auto en el que defendía que sí concurrían indicios de delitos competencia del tribunal del jurado, reactivando así esta posibilidad.
Denuncia de presión mediática
Además del plano judicial, la defensa de Gómez pone el foco en el entorno mediático, denunciando que está siendo sometida a un juicio paralelo que afecta a su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
El recurso presentado ante la Audiencia busca así no solo revisar las decisiones procesales adoptadas, sino también garantizar que el procedimiento se desarrolle con las debidas garantías mientras se resuelven los recursos pendientes.
