El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia inédita en la historia judicial española al condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, imponiéndole dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La resolución, avanzada este jueves, se ha adoptado por cinco votos a favor y dos en contra, y obligará al fiscal general a abandonar su cargo una vez se notifique íntegramente.
La sentencia considera probado que García Ortiz participó en la filtración del correo electrónico en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales, un documento que llegó a medios de comunicación el 13 de marzo de 2024, en plena polémica por la difusión de bulos en torno al caso. El Supremo entiende que el fiscal general vulneró la reserva de datos tributarios y causó un perjuicio directo a la defensa del empresario.
La decisión no ha sido unánime. Las magistradas Susana Polo —ponente inicial del caso— y Ana Ferrer han anunciado votos particulares discrepantes. La ponencia de la sentencia ha recaído finalmente en el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
Un juicio sin precedentes y 40 testigos
El proceso, que quedó visto para sentencia el 13 de noviembre tras seis sesiones y 40 testificales, ha sido descrito por juristas como el más relevante para el Supremo en los últimos años. Declararon periodistas, fiscales, políticos y agentes de la UCO, quienes señalaron al fiscal general como el principal responsable de la filtración por su posición de “dominio” sobre la documentación.
García Ortiz negó en todo momento haber filtrado la información y defendió que las gestiones de aquella noche tenían como objetivo preparar una nota oficial para desmentir rumores difundidos por el entorno de Ayuso, que aseguraban que se había retirado un pacto por “órdenes de arriba”. Sin embargo, el tribunal ha considerado determinante la secuencia temporal de los hechos y el borrado de mensajes en su móvil pocas horas después de abrirse causa penal.
Reacciones políticas y consecuencias inmediatas
Aunque la sentencia completa se notificará en los próximos días, el fallo del Supremo anticipa un cambio inmediato en la cúpula de la Fiscalía General del Estado. El Gobierno ya ha anunciado que nombrará a un nuevo fiscal general en cuanto la resolución sea firme.
La condena absuelve a García Ortiz del resto de delitos que planteaban algunas acusaciones, lo que le evita penas de cárcel. Aun así, la sentencia supone un golpe institucional sin precedentes, al tratarse del primer fiscal general sentado en el banquillo y condenado por vulnerar la confidencialidad de un procedimiento tributario.
