El cierre de Teatro Barceló, previsto por el Ayuntamiento de Madrid para el 20 de noviembre, ha quedado suspendido de forma temporal después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya estimado las medidas cautelares solicitadas por la empresa promotora de la sala. La discoteca podrá continuar abierta mientras avanza el procedimiento judicial, pese a la existencia de dos infracciones graves por exceso de aforo que habían motivado la orden municipal de cese de actividad.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó que la sala acumulaba dos sanciones de seis meses cada una, al haberse constatado en dos ocasiones que la discoteca superaba el aforo permitido, comprometiendo la seguridad de los asistentes. Por ello, la Agencia de Actividades dictó un precinto de un año, sumando los periodos sancionadores correspondientes.
El juzgado estima las cautelares y suspende el precinto
La empresa promotora acudió a los tribunales solicitando la suspensión cautelar del cierre y, según confirmó Carabante, la petición ha sido aceptada:
“Los promotores han ido al juzgado de lo Contencioso-Administrativo, han presentado medidas cautelares y han sido estimadas por el juez. De momento ha quedado suspendido ese precinto”.
Esta decisión implica que Teatro Barceló seguirá operando con normalidad, al menos hasta que el juzgado resuelva sobre el fondo del asunto. El Ayuntamiento, no obstante, mantiene la firmeza en su postura: los controles de la Agencia de Actividades detectaron un peligro real derivado del exceso de público y justificaban la medida adoptada.
El Ayuntamiento defiende la actuación por motivos de seguridad
Desde el Consistorio se subraya que los incumplimientos detectados no fueron menores, sino que ponían en riesgo la integridad de los usuarios, motivo por el cual se optó por el cierre temporal de la actividad. Fuentes municipales reiteran que la vigilancia y el control del aforo son aspectos esenciales en locales de ocio nocturno, donde cualquier irregularidad puede tener consecuencias graves.
Mientras el proceso judicial continúa, la resolución cautelar abre un nuevo capítulo en el conflicto entre la administración y los responsables de Teatro Barceló, en un caso que mantiene el foco sobre la seguridad en locales de ocio y sobre el alcance de la potestad sancionadora municipal.
