La justicia española ha respaldado a LaLiga en su estrategia contra la piratería audiovisual, permitiendo que se mantengan los bloqueos de direcciones IP utilizados para emitir partidos de forma ilegal. Esta decisión, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona, desestima por completo las solicitudes de nulidad presentadas por Cloudflare, RootedCON, y otras organizaciones afectadas, como Vapasec Technology Consulting, Japonismo Contenidos de Viaje SC y Frontia S.A..
¿Por qué se bloquearon las IPs?
Todo comenzó con la entrada en vigor de un sistema de cifrado (ECH) por parte de Cloudflare, que impide a las operadoras detectar el destino final de las conexiones de sus usuarios. Ante la imposibilidad de identificar los sitios piratas concretos, LaLiga optó por ordenar el bloqueo de IPs enteras utilizadas por Cloudflare.
Aunque el objetivo era impedir la retransmisión ilegal de partidos, la medida ha tenido consecuencias colaterales: miles de sitios web legítimos —que comparten infraestructura con los servicios bloqueados— quedaron inaccesibles, especialmente durante los fines de semana, coincidiendo con los partidos de LaLiga.
¿A quién ha afectado?
Se estima que más de 140.000 sitios web en España usan servicios de Cloudflare. Entre los afectados se encuentran empresas, medios de comunicación, tiendas online y hasta clubes de fútbol de Primera División como el Girona FC o el Valencia CF. Algunos casos llamativos incluyen el cierre temporal de páginas como la tienda online del Girona, webs de Kelme (patrocinador del RCD Espanyol) o interrupciones en el foro Forocoches.
La respuesta judicial
La sentencia, dictada el 26 de marzo de 2025, mantiene la vigencia del fallo previo de diciembre de 2024 que autorizaba los bloqueos. El juez considera que no ha habido pruebas suficientes para demostrar daños reales por parte de los demandantes. Se descarta, además, que haya existido un “artificio procesal” o “bloqueos indiscriminados”, tal y como alegaban Cloudflare y RootedCON.
Como consecuencia, no se admite recurso ordinario alguno y se impone a los demandantes el pago de las costas procesales.
La reacción
Desde RootedCON han denunciado que LaLiga ha “hackeado la ley” y que la sentencia representa un ataque a la neutralidad de la red y la libertad de información. La organización ha anunciado que está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional para defender los derechos fundamentales que, en su opinión, han sido vulnerados.
Pese a estas críticas, LaLiga ha celebrado el fallo como un espaldarazo a sus acciones legales, asegurando que actúa “dentro del marco legal para proteger sus derechos” y combatir una piratería que, según afirma, provoca pérdidas anuales de entre 600 y 700 millones de euros para los clubes.
¿Y ahora qué?
Mientras tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen buscando alternativas para mitigar los efectos del bloqueo, recurriendo a VPNs o servicios como WARP. No obstante, el problema de fondo persiste y deja en el aire el debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la garantía de derechos digitales en España.
