La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez instructor, Juan Carlos Peinado, la paralización del procedimiento judicial hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados en relación con la posible celebración de un juicio con jurado popular.
Solicitud de suspensión del procedimiento
A través de un escrito, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, reclama la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, así como la paralización de todos los plazos procesales en curso.
La defensa argumenta que permitir que la causa avance mientras los recursos siguen pendientes podría derivar en una situación procesal “irreversible” e “insostenible”, al haberse iniciado trámites que conducirían hacia la celebración del juicio oral.
Antecedentes de la decisión sobre el jurado
La petición se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid frenara en febrero la decisión del juez de encaminar la investigación hacia un juicio con jurado popular, al considerar que no existían “indicios racionales de criminalidad” que lo justificaran.
Sin embargo, un mes más tarde, el magistrado instructor dictó un nuevo auto en el que sostenía que sí concurrían indicios de delitos competencia del tribunal del jurado, reactivando esa vía procesal.
Argumentos de la defensa
La defensa insiste en que continuar con el procedimiento en estas circunstancias resultaría “jurídicamente incoherente”, al estar cuestionadas las resoluciones que sustentan el avance de la causa.
Además, subraya que aún quedan diligencias por practicar, como al menos cuatro informes solicitados a la UCO de la Guardia Civil y la declaración de un testigo prevista para esta semana, el empresario José María Torres.
Según Camacho, seguir adelante podría suponer vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, comprometer las garantías procesales y generar un riesgo de nulidad de actuaciones difícil de subsanar posteriormente.
Impacto procesal y economía judicial
El escrito también advierte de que una eventual estimación de los recursos pendientes obligaría a retrotraer el procedimiento, con el consiguiente coste en tiempo y recursos judiciales.
Desde esta perspectiva, la defensa considera que resulta desaconsejable continuar con la tramitación mientras exista incertidumbre sobre la validez de las resoluciones impugnadas.
Situación de la causa
En abril, el juez planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, excluyendo el de intrusismo profesional.
En la causa también figuran su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Por su parte, la acusación popular liderada por Hazte Oír solicita la apertura de juicio y penas de hasta 24 años de prisión para Gómez, además de medidas cautelares como la retirada del pasaporte, aludiendo a un supuesto riesgo de fuga.
La resolución sobre la suspensión del procedimiento queda ahora en manos del juez instructor, mientras la Audiencia Provincial debe pronunciarse sobre los recursos pendientes que afectan al rumbo del caso.
