La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado el archivo de la denuncia presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid sobre presuntas irregularidades en la gestión de hospitales públicos con concesión privada en la región.
Origen de la investigación
El procedimiento se inició el 5 de marzo de 2026 tras la denuncia formulada por la portavoz socialista, Mar Espinar, quien alertó de posibles anomalías en la facturación entre centros hospitalarios públicos y hospitales gestionados de forma privada.
La denuncia se apoyaba en una auditoría elaborada en 2022, centrada en facturaciones correspondientes al ejercicio 2018 entre el Hospital de Villalba y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Resultados de la auditoría analizada
Según el informe mencionado, la mayoría de las liquidaciones remitidas por el hospital eran aceptadas, mientras que más de la mitad de las enviadas por el Sermas no lograban validación para su cobro.
La Fiscalía explica que estas incidencias estarían relacionadas con deficiencias en la cumplimentación de historias clínicas por parte del personal sanitario, un requisito imprescindible para validar pagos conforme al Manual de Facturación Intercentros.
Falta de indicios de responsabilidad contable
El Ministerio Público considera que no existen indicios suficientes para mantener abierto el procedimiento. En su análisis, subraya que la denuncia no concreta actuaciones de gestión susceptibles de derivar en responsabilidad contable.
Además, señala que no se aportan pruebas que acrediten un perjuicio económico efectivo para las arcas públicas, lo que refuerza su petición de archivo.
Referencias a otras informaciones
La denuncia socialista también incluía alusiones a una información periodística publicada el 10 de febrero, en la que se afirmaba que la Comunidad de Madrid habría dejado de reclamar más de 71 millones de euros a hospitales de gestión privada desde 2017.
Alcance de las conclusiones
En su escrito, la Fiscalía concluye que las acusaciones extrapolan las concluses de una auditoría concreta, referida a un único hospital y a un ejercicio determinado, al conjunto del modelo de hospitales de gestión privatizada.
A su juicio, este planteamiento persigue impulsar una fiscalización general que excede las competencias de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas, motivo por el que solicita el archivo del caso.
