La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido rechazar la unificación en una sola causa de las investigaciones por las muertes en residencias durante la pandemia, determinando que las distintas denuncias deberán continuar tramitándose de forma independiente.
Así lo establece un auto judicial que confirma la resolución previa dictada en agosto de 2025 por un juzgado de Madrid, y que desestima el recurso presentado por familiares de víctimas y el Ministerio Fiscal, quienes defendían la acumulación de procedimientos.
Sin conexión suficiente entre los casos
Los magistrados consideran que no concurren los requisitos legales necesarios para acumular las causas, al entender que cada caso presenta circunstancias propias que requieren un análisis individualizado.
Aunque reconocen la existencia de elementos comunes —como la coincidencia de algunos investigados, entre ellos los ex altos cargos autonómicos Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca—, subrayan que en otros procedimientos aparecen diferentes responsables y situaciones clínicas distintas.
Asimismo, la Sala destaca que las víctimas presentan patologías diversas y contextos particulares, lo que impide un tratamiento conjunto sin comprometer la precisión de las investigaciones.
La complejidad desaconseja una causa única
En su argumentación, la Audiencia Provincial de Madrid advierte de que la acumulación de todas las denuncias en un único procedimiento incrementaría notablemente la complejidad del proceso, lo que podría derivar en retrasos y dificultades para analizar cada caso con el debido detalle.
“El conocimiento de todas ellas en un mismo procedimiento añadiría más complejidad”, señalan los magistrados, que consideran más adecuado mantener la tramitación separada para garantizar un examen exhaustivo de cada fallecimiento.
El foco en los protocolos de la pandemia
Las investigaciones se centran en los protocolos aplicados durante las primeras semanas de la pandemia, que establecían criterios para la derivación hospitalaria de residentes, especialmente en función de su grado de dependencia o deterioro cognitivo.
Estos criterios han sido objeto de controversia y han motivado numerosas denuncias, al considerar algunos familiares y asociaciones que pudieron derivar en situaciones de discriminación en el acceso a la atención sanitaria.
Actualmente, algunas causas han sido archivadas, mientras que otras continúan en fase de instrucción o han sido reabiertas a instancias de la Fiscalía.
Reacciones de partidos y asociaciones
La decisión judicial ha generado críticas desde distintos ámbitos. Desde el PSOE de Madrid han calificado la resolución de “contraria a una solución lógica y coherente”, defendiendo que una causa única permitiría una visión global de los hechos.
Por su parte, la plataforma Marea de Residencias ha expresado su rechazo frontal, calificando la decisión de “inconcebible” y denunciando que se pierde la oportunidad de abordar de forma conjunta lo que consideran una situación de discriminación masiva.
Las asociaciones de familiares sostienen que la unificación ayudaría a evitar resoluciones contradictorias y facilitaría el esclarecimiento de responsabilidades, mientras que la postura judicial insiste en la necesidad de preservar el análisis individualizado.
Un proceso judicial aún abierto
La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid marca el rumbo de las investigaciones, que seguirán su curso en distintos juzgados, en un proceso que continúa abierto más de cinco años después de los hechos.
El debate entre una visión global de lo ocurrido y el análisis caso por caso sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en torno a uno de los episodios más sensibles de la pandemia.
