La Audiencia Nacional investiga si varios responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fueron objeto de actuaciones internas mientras participaban en investigaciones judiciales de especial relevancia política. La causa, enmarcada en el denominado caso Leire, trata de determinar si existió una actuación coordinada dirigida contra miembros de esta unidad, una hipótesis que ha sido descrita en distintas informaciones como una presunta "lista negra".
En el procedimiento, el juez Santiago Pedraz ha citado como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para esclarecer si determinadas actuaciones internas pudieron utilizarse para condicionar, desacreditar o presionar a responsables de la UCO.
La investigación se centra en expedientes abiertos contra agentes de la UCO
La causa analiza varios expedientes e informaciones reservadas abiertas contra miembros de la Unidad Central Operativa. El magistrado trata de determinar si dichas actuaciones respondían al funcionamiento ordinario de los procedimientos internos o si existió un patrón dirigido específicamente contra determinados mandos que participaban en investigaciones relacionadas con el entorno del Gobierno.
Según recoge la investigación, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que se solicitó un organigrama con los nombres de los agentes de la UCO que intervenían en investigaciones vinculadas al Gobierno, familiares del presidente, el caso Ábalos-Koldo y otros procedimientos.
La Fiscalía apunta a un posible mecanismo de presión
El Ministerio Fiscal considera que los expedientes disciplinarios pudieron utilizarse para identificar a los responsables de estas investigaciones y ejercer presión sobre ellos.
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, las diligencias permitieron obtener los datos identificativos de los mandos que participaban en esos procedimientos, señalando además que la información habría sido utilizada como un "mecanismo de presión".
Las fiscales sostienen que, aunque los expedientes terminaron archivándose sin sanciones, sirvieron para identificar a los agentes implicados en investigaciones de especial trascendencia.
Declaraciones de los mandos afectados
Durante la instrucción, varios mandos de la UCO declararon como testigos y afirmaron que nunca habían sido objeto de informaciones reservadas a lo largo de su carrera profesional hasta la apertura de estos expedientes.
Según las diligencias, entre finales de 2024 y la primera mitad de 2025 se iniciaron varias actuaciones internas relacionadas con supuestas filtraciones a medios de comunicación sobre investigaciones judiciales.
Entre ellas figuraban publicaciones relacionadas con Begoña Gómez, el caso de David Sánchez, así como la difusión de conversaciones entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.
La relación con Leire Díez, bajo análisis judicial
La investigación también examina la relación entre Mercedes González y Leire Díez.
La Fiscalía sostiene que existió una relación personal y reiterada, respaldada por la existencia de reuniones presenciales y contactos mediante mensajería instantánea.
Durante su comparecencia en el Senado, Mercedes González negó inicialmente haber mantenido reuniones con Leire Díez, aunque posteriormente reconoció haber mantenido encuentros que calificó como simples "cafés". La Fiscalía considera que las explicaciones ofrecidas presentan "contradicciones sucesivas".
Declaración prevista el 16 de julio
Mercedes González y Manuel Llamas deberán comparecer como investigados el próximo 16 de julio ante el juez Santiago Pedraz, que continúa practicando diligencias para esclarecer si las actuaciones internas desarrolladas contra mandos de la UCO constituyeron un funcionamiento ordinario de la Guardia Civil o pudieron suponer un intento de interferir en investigaciones judiciales en curso.
La causa permanece abierta y continúa en fase de instrucción, mientras el magistrado analiza la documentación incorporada y las declaraciones de los distintos responsables y testigos.
