La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la apertura de actuaciones de comprobación e investigación inspectora sobre las obligaciones tributarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2025.
La información ha sido incorporada al procedimiento que instruye el magistrado en el denominado caso Plus Ultra. En una providencia, Calama acuerda integrar la documentación remitida por la Agencia Tributaria y trasladarla al Ministerio Fiscal para que emita el correspondiente informe.
La investigación también afecta a un empresario y a varias sociedades
Además del expresidente y su familia, las actuaciones inspectoras alcanzan al empresario Julio Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante y socio y amigo de Zapatero, así como a varias personas jurídicas vinculadas a la investigación.
Según la documentación incorporada a la causa, las actuaciones han sido iniciadas por las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria de Madrid y de la Comunidad Valenciana.
Revisión de varios impuestos entre 2021 y 2025
La inspección tributaria abarcará distintos tributos correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2025.
En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero y su familia, la revisión afectará al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Asimismo, en relación con la sociedad Whathefav SL, también se revisarán el Impuesto sobre Sociedades y el IVA.
Hacienda plantea la posible suspensión de las actuaciones
En los escritos remitidos al juez, la Agencia Tributaria señala que las comprobaciones podrían verse condicionadas por la investigación penal en curso, al considerar que los hechos objeto de ambas actuaciones podrían coincidir.
Por este motivo, solicita al magistrado que valore la posibilidad de ordenar la paralización de la inspección tributaria, con el fin de evitar duplicidades, posibles resoluciones contradictorias y problemas derivados de la prejudicialidad penal.
No obstante, Hacienda advierte de que, si no recibe esa orden judicial, continuará la tramitación administrativa, pudiendo dictar las correspondientes liquidaciones provisionales y, en su caso, imponer las sanciones tributarias que procedan.
Hacienda se persona como perjudicada en otra pieza del procedimiento
Por otra parte, el juez José Luis Calama ha acordado tener por personada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, como perjudicada en la pieza separada relativa a las joyas localizadas en el despacho del expresidente, cuya tasación preliminar asciende a 1,3 millones de euros.
El magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando, apreciando un posible perjuicio patrimonial vinculado a ingresos cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria.
En consecuencia, Calama reconoce la legitimación de Hacienda para ejercitar las acciones penales y civiles que estime procedentes dentro de esta pieza separada del procedimiento.
