La Guardia Civil ha intervenido un total de 33.558 artículos pirotécnicos en un comercio de Fuenlabrada que operaba sin autorización legal para el almacenamiento, venta y distribución de este tipo de productos. La actuación tuvo lugar el pasado 9 de julio, durante una inspección rutinaria, en la que se descubrieron más de 31 kilos de materia explosiva en forma de petardos, cohetes y otros artículos de pirotecnia.
Este nuevo caso de comercio irregular evidencia los riesgos de operar al margen de la legalidad, especialmente en sectores altamente regulados por razones de seguridad pública. La venta de pirotecnia está sujeta a una normativa estricta, que incluye requisitos en cuanto a almacenamiento seguro, etiquetado, información al consumidor y limitaciones de edad para su adquisición.
En este contexto, la Guardia Civil ha recordado la prohibición expresa del uso de productos pirotécnicos a menores de 12 años, así como la obligación de comprobar que estos artículos cuentan con el marcado CE, especificaciones de clase, categoría, edad mínima de uso e instrucciones claras de manejo y seguridad. También ha insistido en la importancia de no utilizar estos productos en dirección a personas o animales y respetar siempre las distancias mínimas establecidas.
El caso cobra relevancia en pleno verano, cuando se multiplican las fiestas patronales en la Comunidad de Madrid y con ello el uso de pirotecnia, lo que incrementa los riesgos si no se cumplen las normativas. Las autoridades insisten en que la posesión o comercialización ilegal de explosivos constituye una infracción grave que puede tener consecuencias penales y administrativas, además de poner en peligro a clientes y transeúntes.
La intervención de los más de 33.000 productos pirotécnicos se suma a otras operaciones realizadas recientemente por el Instituto Armado en la región, como la incautación de 358 kilos de material explosivo en comercios de Madrid que operaban fuera de los cauces legales. La actuación refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección ciudadana y el control del comercio de materiales peligrosos.
Este tipo de operaciones también lanza un mensaje al tejido empresarial: los autónomos y pequeños comerciantes que operan legalmente deben competir con quienes eluden las obligaciones legales, fiscales y de seguridad, una situación que no solo distorsiona la competencia, sino que desincentiva el emprendimiento responsable. La colaboración entre administraciones y el cumplimiento riguroso de los protocolos es esencial para que el entorno empresarial sea justo, seguro y sostenible.
