La okupación de viviendas ha evolucionado hasta convertirse en un lucrativo negocio organizado por mafias, que publicitan inmuebles de bancos listos para ser ocupados en redes sociales, utilizando vídeos detallados del interior como si se tratara de una agencia inmobiliaria convencional. La práctica, que bordea la legalidad, saca provecho de vacíos normativos y se apoya en la vulnerabilidad social como escudo ante los desalojos.
El proceso es tan sencillo como efectivo: la organización detecta un inmueble deshabitado —en muchos casos propiedad de entidades financieras— y lo publicita con imágenes y vídeos de alta calidad. A través de canales como WhatsApp, Instagram o Telegram, ofrecen el acceso al piso a cambio de un único pago que puede oscilar entre los 300 y más de 2.000 euros.
Suministros conectados de forma ilegal
Una vez realizado el pago, los compradores ilegales reciben las llaves de una vivienda ya “preparada”, con agua y luz enganchadas de forma fraudulenta. Este modelo de negocio ha proliferado en zonas urbanas donde hay un gran volumen de viviendas vacías o embargadas.
Algunos grupos aprovechan incluso situaciones excepcionales, como el reciente apagón eléctrico en Madrid, para reocupar pisos ya desalojados, como ha ocurrido en el barrio de La Guindalera, donde la oscuridad momentánea facilitó la entrada sin ser detectados.
Cambio de inquilinos para eludir desalojos
Uno de los elementos más preocupantes del modus operandi de estas mafias es la utilización de personas en situación de vulnerabilidad como primer inquilino. Esto bloquea legalmente un posible desalojo por parte de las autoridades. Tras ello, y una vez sorteado el primer control policial, los mafiosos realizan un cambio de inquilino, dejando a los verdaderos ocupantes en el inmueble sin que puedan ser fácilmente expulsados.
El resultado: un piso habitado por okupas de forma permanente e ilegal, con servicios básicos operativos, sin contrato, sin renta, y con escasa capacidad de respuesta por parte de propietarios e instituciones.
Un problema creciente para bancos y vecinos
Este modelo no solo afecta a los legítimos propietarios —principalmente entidades financieras—, sino que genera una alarma social creciente en barrios donde se repiten estos casos. El negocio clandestino genera inseguridad, conflictos vecinales y deterioro del entorno.
A pesar de los intentos legislativos para agilizar los procedimientos de desalojo, las mafias continúan adaptando sus métodos, aprovechando la lentitud administrativa y la protección legal a colectivos vulnerables para reforzar su impunidad.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad y el poder judicial trabajan en estrategias para identificar, desmantelar y perseguir penalmente estas redes, cuya sofisticación no deja de aumentar.
