La intervención pública a través de impuestos y prestaciones públicas redujo en 2023 la desigualdad de renta en España en un 31,9%, aunque el sistema fiscal perdió capacidad redistributiva respecto al año anterior. Así lo concluye el décimo informe del “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles”, elaborado por FEDEA y firmado por Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia.
El estudio analiza el impacto distributivo de las principales prestaciones monetarias y en especie, así como de los impuestos directos e indirectos, sobre los hogares españoles. El informe revela que las prestaciones públicas continúan siendo el principal instrumento de corrección de desigualdades, mientras que el efecto redistributivo de los impuestos se debilitó de forma notable en 2023.
La desigualdad aumentó antes de la intervención pública
El informe señala que la renta de mercado ampliada de los hogares españoles creció un 8,7% entre 2022 y 2023. Sin embargo, también aumentó ligeramente la desigualdad inicial: el índice de Gini pasó de 0,5601 a 0,5636.
El crecimiento fue especialmente intenso en los hogares con mayores ingresos. El 1% más rico registró un aumento de su renta de mercado ampliada del 18,1%, muy por encima del resto de tramos de renta.
La participación del último centil en el total de la renta de mercado ampliada alcanzó el 9,8% en 2023, frente al 9% del año anterior.
Las prestaciones monetarias siguen siendo el principal mecanismo redistributivo
Las prestaciones monetarias públicas aumentaron de media un 6,4% en 2023. Las pensiones de jubilación fueron la categoría que más creció, con un incremento medio del 8,2%, seguidas de las prestaciones de invalidez y las pensiones de supervivencia.
El informe destaca que las prestaciones monetarias redujeron la desigualdad de la renta de mercado ampliada en un 23,1%, aunque este porcentaje fue inferior al 23,9% registrado en 2022.
Las pensiones continúan siendo el elemento central del sistema redistributivo español. Solo las pensiones de jubilación explican un 15,3% de la reducción de la desigualdad inicial.
En conjunto, las prestaciones monetarias representaron en 2023 el 20,3% de la renta bruta de los hogares españoles.
El efecto redistributivo de los impuestos cae con fuerza
El informe subraya que el sistema fiscal español perdió capacidad redistributiva en 2023. Mientras que en 2022 los impuestos reducían la desigualdad de la renta bruta en un 2,65%, en 2023 esa corrección cayó hasta el 1,55%.
El principal instrumento redistributivo sigue siendo el IRPF, que redujo la desigualdad de la renta bruta en un 4,42%. Sin embargo, el efecto global del sistema fiscal se vio limitado por el comportamiento regresivo de otros tributos, especialmente las cotizaciones sociales y los impuestos indirectos.
El tipo medio efectivo total del sistema fiscal se situó en el 35,5% de la renta bruta de los hogares, medio punto menos que en 2022.
El estudio también refleja que el sistema fiscal deja de ser progresivo en la parte más alta de la distribución de renta. El 1% de hogares con mayores ingresos soportó un tipo efectivo total del 25,6%, claramente inferior al de otros grupos de renta alta.
Los impuestos indirectos continúan siendo regresivos
El IVA, el ITPAJD y los Impuestos Especiales mantuvieron en 2023 un comportamiento claramente regresivo.
Los hogares del primer quintil destinaron un porcentaje mucho mayor de su renta al pago de impuestos indirectos que los hogares más ricos. En el caso del IVA y el ITPAJD, el tipo medio efectivo alcanzó el 10,9% de la renta bruta en el quintil inferior, frente al 1,6% del 1% con más ingresos.
Según el informe, este comportamiento se explica por el mayor peso del consumo en los hogares de menor renta.
Sanidad y educación reducen un 10% la desigualdad
Las prestaciones públicas en especie, especialmente sanidad y educación, continuaron teniendo un impacto redistributivo relevante.
El gasto sanitario y educativo redujo conjuntamente la desigualdad de la renta disponible en un 10% en 2023.
La sanidad pública tuvo un efecto especialmente relevante: por sí sola redujo la desigualdad en un 8,5%. La educación pública contribuyó con una reducción adicional cercana al 3%.
El informe destaca que las prestaciones en especie representaron cerca del 44% de la renta bruta de los hogares más pobres, frente a poco más del 2% en el caso de los hogares más ricos.
Los tres primeros quintiles son beneficiarios netos del sistema
El análisis conjunto de impuestos y prestaciones revela que los hogares situados en los tres primeros quintiles de renta fueron beneficiarios netos de la intervención pública.
El primer quintil recibió en 2023 un saldo positivo equivalente al 81,5% de su renta bruta, mientras que el tercer quintil obtuvo un saldo favorable del 14,9%.
Por el contrario, los hogares con mayores ingresos fueron contribuyentes netos. El saldo negativo alcanzó el 23,1% en los hogares situados entre los percentiles 91 y 99.
En términos agregados, algo más del 50% de los hogares españoles recibió más en prestaciones públicas de lo que pagó en impuestos.
El informe cuestiona el tratamiento de las pensiones en la medición redistributiva
Como novedad, el Observatorio incorpora un escenario alternativo en el que las pensiones contributivas y parte de las prestaciones por desempleo se consideran rentas diferidas del trabajo y no transferencias públicas.
Con este enfoque, la desigualdad inicial se reduce notablemente y el efecto redistributivo total de impuestos y prestaciones cae del 31,9% al 19,7%.
En este escenario, el peso redistributivo de las prestaciones monetarias disminuye, mientras aumenta la importancia relativa de sanidad, educación y del sistema fiscal.
La reducción total de la desigualdad podría alcanzar el 41%
El estudio añade una estimación adicional incorporando otros gastos públicos no incluidos habitualmente en este tipo de análisis, como defensa, protección medioambiental, seguridad o servicios públicos generales.
Si se tienen en cuenta estas partidas, la reducción total de la desigualdad atribuible a la intervención pública se elevaría desde el 31,9% hasta el 41%.
