Las universidades públicas madrileñas vuelven a las calles. Estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios de la UCM, UAM, UC3M, UPM, URJC y UAH protagonizan este miércoles y jueves dos jornadas consecutivas de huelga y movilización para denunciar la infrafinanciación estructural y el “colapso financiero” al que, aseguran, el Gobierno regional está abocando a los campus públicos. Coordinados por la plataforma Por la Pública, protestan también contra el “modelo privatizador” y el carácter “represivo” que atribuyen al borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).
Desde los colectivos convocantes insisten en que la financiación actual es insuficiente para sostener el sistema universitario y que, aunque el Ejecutivo autonómico presume de un incremento del 4,2% para 2025, dicho aumento —47,3 millones— queda muy lejos de los 200 millones que los rectores consideran necesarios solo para mantener la situación actual, ya de por sí deficitaria. Las plataformas denuncian que Madrid es hoy la comunidad que menos invierte por estudiante en toda España.
La inflación, señalan, agrava todavía más un escenario marcado por recortes continuados desde 2009. “La financiación real es más baja que hace años”, alertan desde UCM Por la Pública, recordando que el coste de la vida se ha disparado mientras los presupuestos no han seguido el mismo ritmo.
A la infrafinanciación se suman las críticas a un modelo que, según los convocantes, favorece la proliferación de universidades privadas —ya son 16 en la región— y abre la puerta a que personas con intereses privados influyan en los consejos sociales de las públicas. La catedrática de la UCM Eva Aladro lo resume con contundencia: “La universidad pública es el corazón de la sociedad madrileña y, si se la cargan, tendremos una sociedad mucho peor”.
También causa malestar la propuesta de ampliar y endurecer el régimen sancionador universitario, que podría contemplar multas de hasta 300.000 euros por protestas en los campus. Para las plataformas, esto supone un ataque directo a los derechos de reunión y manifestación. “El borrador está excedido absolutamente”, afirma Aladro, que asegura que, de aprobarse, sería llevado a los tribunales.
Las protestas arrancan ambas jornadas con piquetes informativos desde las 8:00 horas en los distintos campus. Este miércoles, los actos incluyen pasacampus, una comida en la Plaza Pedro Zerolo y una concentración a las 15:30 frente a la Consejería de Educación. El jueves será el turno de la Gran Marcha por la Pública, desde el Rectorado de la UCM hasta el Museo Reina Sofía, y una manifestación final entre Atocha y la Puerta del Sol.
Junto a las movilizaciones, regresa también la iniciativa La Uni en la Calle, con más de 50 clases públicas impartidas por profesorado de diversas facultades en espacios como el Retiro, la Cuesta de Moyano o la Plaza del Reina Sofía. Las actividades incluyen talleres, experimentos, ponencias y microclases destinadas a acercar el trabajo docente a la ciudadanía y reforzar el mensaje en defensa de la universidad pública.
Mientras tanto, el debate político continúa. Más Madrid ha propuesto una inyección de 200 millones para evitar el «rescate» permanente de los centros, tras casos como el préstamo de 34,5 millones que la Comunidad otorgó recientemente a la Complutense. El Gobierno regional, sin embargo, sostiene que la financiación está “garantizada” y atribuye las protestas a una “cuestión ideológica”. La consejera Rocío Albert defiende que el presupuesto universitario para 2026 —1.239,7 millones, un 6,5% más— sitúa a las universidades “en una posición holgada”.
Las movilizaciones continuarán la próxima semana, con una nueva protesta prevista el 4 de diciembre en la Asamblea de Vallecas, coincidiendo con el debate de las enmiendas a los Presupuestos.
