Las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil han presentado un frente común para exigir al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de un Pleno Extraordinario del Consejo ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 67/2026, que regula la gestión de la incapacidad temporal en el Cuerpo.
El comunicado conjunto alerta de que la nueva normativa supondrá pérdidas económicas para los agentes, además de generar inseguridad sanitaria y organizativa en numerosas unidades.
El fin de los días de indisposición y el riesgo de pérdida económica
Uno de los puntos más críticos del decreto es la eliminación efectiva de los cuatro días de indisposición de los que sí disponen otros empleados públicos.
Mientras que funcionarios de otros ámbitos —como policías autonómicos, sanitarios o docentes— pueden ausentarse por dolencias leves sin penalización, los guardias civiles deberán tramitar una baja médica desde el primer día o asumir consecuencias económicas.
Aunque el texto señala que “se podrán tener en cuenta” hasta cuatro jornadas, las asociaciones advierten de que, al no haberse modificado la normativa de incentivos al rendimiento, cualquier ausencia implicará una merma directa en la nómina.
Además, denuncian que la Dirección General de la Guardia Civil no ha cumplido el compromiso previo de evitar que esta modificación generara una discriminación retributiva respecto al resto de la Administración.
Agravio comparativo y riesgo para la salud laboral
Las organizaciones profesionales consideran que la medida supone un agravio comparativo inaceptable y alertan de sus efectos sobre la salud laboral.
Según el comunicado, el nuevo sistema podría provocar que algunos agentes acudan a su puesto enfermos para evitar pérdidas salariales, con el consiguiente impacto en la operatividad y en la calidad del servicio a la ciudadanía.
Las asociaciones insisten en que “la seguridad ciudadana no se negocia, y la salud de quienes la garantizan, tampoco”.
Falta de médicos y caos en la gestión sanitaria
Otro de los problemas señalados es la falta de recursos sanitarios para aplicar el nuevo modelo.
Más de 25 comandancias carecen de servicio médico activo, lo que genera incertidumbre sobre cómo tramitar las bajas en numerosas unidades.
Las asociaciones denuncian que:
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No se han materializado las licitaciones prometidas para reforzar la asistencia médica
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Los agentes podrían quedar en un limbo administrativo y sanitario
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La falta de cobertura afectaría directamente a la operatividad del servicio
Un frente común para exigir soluciones
Ante esta situación, las asociaciones han solicitado formalmente al ministro del Interior la celebración urgente de un pleno extraordinario con dos demandas principales:
Transparencia
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Información detallada sobre el despliegue real del servicio médico en el territorio
Protección económica
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Modificación inmediata de la normativa de incentivos para garantizar que los cuatro días de indisposición no supongan pérdida retributiva
“No somos funcionarios de segunda”
Las organizaciones advierten de que la vocación de servicio del Cuerpo no puede convertirse en una excusa para recortar derechos consolidados.
El decreto entrará en vigor el 26 de febrero, y las asociaciones reclaman una solución antes de esa fecha para evitar lo que consideran una situación de discriminación laboral y económica.
“El cuidado de quienes garantizan la seguridad pública es una condición básica para el buen funcionamiento del sistema”, concluye el comunicado.
