La plataforma Sociedad Civil Española (SCE), que agrupa a 130 asociaciones de toda España, ha remitido una segunda carta al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts, y otra a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que denuncia lo que considera un “forzamiento” a la independencia judicial europea en relación con el futuro fallo sobre la ley de amnistía.
Las misivas, firmadas por el presidente de la organización, Alejo Vidal-Quadras, solicitan una respuesta “rápida y firme” de las instituciones comunitarias antes de que se produzca la resolución judicial.
Denuncia de condicionamiento institucional
En su comunicado, SCE sostiene que determinadas declaraciones públicas del presidente del Gobierno sobre la futura sentencia de la amnistía podrían interpretarse como una presión sobre el TJUE. La organización también cuestiona la utilización de informes de organismos europeos para respaldar la norma, argumentando que dichos documentos no avalan jurídicamente la medida en los términos señalados por el Ejecutivo.
La plataforma asegura haber remitido previamente un informe académico crítico con las tesis del abogado general del TJUE, y considera que la situación tiene una dimensión “excepcional y extraordinaria” por sus posibles implicaciones para el Estado de derecho en Europa.
Petición a las instituciones europeas
Sociedad Civil Española solicita tanto al TJUE como a la Comisión Europea que defiendan el “rule of law” y advierte de las consecuencias que, a su juicio, tendría un precedente en el que decisiones políticas pudieran influir en resoluciones judiciales comunitarias. Según la organización, la cuestión trasciende el ámbito nacional y podría afectar a la credibilidad de las instituciones europeas.
El comunicado subraya además que la plataforma continuará trasladando sus posiciones a las instituciones comunitarias en defensa de los valores democráticos y de la separación de poderes.
Movilizaciones y Declaración de Cádiz
SCE vincula estas actuaciones institucionales con las movilizaciones sociales impulsadas en los últimos meses en distintas ciudades españolas. Entre ellas destaca la manifestación celebrada en Cádiz el pasado 30 de enero, donde se suscribió la denominada “Declaración de Cádiz”, un texto que reivindica el compromiso con los valores constitucionales, la independencia judicial y el Estado de derecho.
La organización ha anunciado nuevas convocatorias, incluida una movilización prevista en Sevilla el próximo 21 de febrero, dentro de una estrategia de presión social paralela a las iniciativas jurídicas y políticas.
