El Ejecutivo español ha reforzado en las últimas semanas su postura pública de que no cederá en la protección de los menores frente a posibles peligros en las plataformas digitales, indicando que las medidas anunciadas tienen carácter prioritario y buscan blindar un ámbito en el que, según el Gobierno, las grandes tecnológicas han actuado con insuficiente responsabilidad hasta ahora.
En concreto, el presidente Pedro Sánchez anunció en una cumbre internacional un paquete de reformas que incluye la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, lo que obligaría a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad para impedir el uso de estos servicios por parte de niños y adolescentes.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido que estas medidas reflejan una determinación clara del Gobierno por obligar a las compañías digitales a asumir responsabilidades más allá de los anuncios formales, garantizando que la normativa no quede en voluntarismo sino en obligaciones reales para las empresas.
Además, el Ejecutivo ha dado pasos para reforzar el combate contra contenidos ilegales que afectan directamente a los menores, como la colaboración con la Fiscalía para investigar posibles delitos de pornografía infantil difundidos mediante inteligencia artificial en redes sociales, un enfoque que se desarrolla en paralelo con la revisión legislativa.
El Gobierno sostiene que estas iniciativas no solo buscan limitar el acceso de los menores a entornos digitales potencialmente dañinos, sino también crear un marco legal que obligue a las plataformas a responder de sus prácticas y algoritmos, así como erradicar la impunidad de gigantes tecnológicos frente a contenidos que atenten contra la seguridad y dignidad de la infancia.
La defensa de los menores en el entorno digital forma parte de una estrategia más amplia que incluye educación, alfabetización digital, colaboración con expertos y mecanismos de verificación de edad, con la finalidad de avanzar hacia un entorno en el que los usuarios juveniles estén protegidos ante abusos, discursos de odio y contenidos ilegales.
