Un análisis sectorial publicado por fuentes empresariales indica que casi la totalidad de las empresas encuestadas reconoce problemas para cubrir puestos que requieren habilidades específicas. Estas dificultades van desde perfiles técnicos —como los relacionados con tecnologías de la información, ingeniería o mantenimiento industrial— hasta competencias profesionales más amplias, como gestión de proyectos o idiomas.
El informe revela además que, pese a esta falta de talento disponible, el 81 % de las compañías declara su intención de contratar durante 2026, lo que evidencia una fuerte demanda de mano de obra a pesar de las restricciones de cualificación. Este desajuste entre oferta y demanda está generando presión en el mercado laboral y refleja la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la formación profesional, la recualificación y el alineamiento entre educación y empleo.
Las empresas que participan en el estudio señalan que las barreras para encontrar perfiles adecuados no solo se deben a la escasez de competencias técnicas específicas, sino también a la falta de habilidades transversales, como comunicación, resolución de problemas y adaptabilidad, consideradas cada vez más esenciales en entornos productivos competitivos.
Este contexto se produce en un momento en el que el empleo en España mantiene tasas de ocupación elevadas en comparación con años anteriores, aunque con sectores que muestran mayores necesidades de personal y dificultades para atraer talento cualificado. Sectores como la tecnología, la construcción especializada y la industria avanzada destacan entre los más afectados por esta tensión laboral.
El desajuste entre trabajadores disponibles y puestos ofertados refuerza el debate sobre la capacidad de los sistemas de formación para adaptarse a las necesidades del tejido empresarial, un reto que diversos expertos y organizaciones sindicales han vinculado a la importancia de fortalecer la formación profesional y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida laboral.
Ante esta situación, varias empresas han expresado su intención de invertir en programas de formación interna, así como en incentivos para atraer y retener talento cualificado, mientras que otros agentes del mercado laboral abogan por mayores estímulos públicos que conecten de manera más eficiente a los centros educativos con las necesidades productivas.
