El debate sobre la legalización del cannabis en España ha cobrado una nueva dimensión. Lo que durante años fue un tabú o una propuesta marginal, hoy se encuentra en el centro del escenario político, económico y social. Policías, sanitarios, partidos políticos, asociaciones y expertos en políticas públicas se han posicionado en un asunto que afecta tanto a la seguridad ciudadana como a la salud pública y las finanzas del Estado.
Una sociedad dividida
Según el último barómetro del CIS, el 49,7% de los españoles apoya la legalización del cannabis para uso recreativo, frente a un 40,9% que se opone. La aceptación es casi unánime si se habla de uso medicinal: el 90,1% está a favor. Esta división, aunque ligera, muestra un cambio cultural evidente respecto a años anteriores, impulsado por el auge de productos derivados del cannabis, el avance de la investigación médica, y el modelo regulador adoptado por otros países.
Un posible motor económico
Estudios realizados por universidades españolas como la Autónoma de Barcelona indican que una legalización del cannabis en España podría generar más de 3.300 millones de euros anuales en ingresos fiscales y crear hasta 100.000 empleos directos. El negocio incluiría el autocultivo, clubes sociales, dispensarios y uso medicinal, cubriendo tanto la demanda interna como, en algunos casos, la exportación.
Además, empresas como Growbarato.net o Leaf Life ya operan bajo la normativa de cáñamo industrial y ven en la legalización una oportunidad de expansión segura, controlada y generadora de riqueza.
La posición policial: menos represión, más regulación
En un hecho inédito, parte de la policía ha comenzado a expresar su respaldo a la legalización del cannabis. El sindicato Agrupación Reformista de Policía (ARP) participó recientemente en una feria cannábica en Sevilla, donde reclamaron una regulación que libere a los agentes de actuaciones que consideran ineficaces y represivas.
"No queremos salir a incautar porros, queremos perseguir al crimen organizado real", señaló su portavoz, Manuel Soler. El ARP considera que el modelo actual es "recaudatorio, ineficaz y estigmatizante", y defiende la legalización como herramienta para debilitar a las mafias, garantizar productos seguros, y reducir la carga judicial y policial relacionada con el consumo de cannabis.
El Gobierno y los partidos: pasos lentos pero firmes
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha comenzado a trabajar en un Real Decreto para regular el uso medicinal del cannabis, aunque la ministra ha subrayado que el uso recreativo "requiere de una reflexión sosegada".
Por su parte, Sumar y sectores de Izquierda Unida han llevado al Congreso propuestas para despenalizar la tenencia y regular la producción, destacando el fracaso del prohibicionismo en la lucha contra el narcotráfico y la hipocresía del sistema actual, que permite el alcohol o el tabaco pero penaliza la marihuana.
Qué pasa en otros países
España no está sola en este debate. Uruguay, desde 2013, fue el primer país en legalizar el uso recreativo del cannabis bajo un estricto control estatal. En Canadá, es legal desde 2018 para mayores de 18 años, con regulación sobre posesión, cultivo y venta. Alemania, en 2024, legalizó el consumo recreativo y medicinal, limitando su distribución a clubes cannábicos. Brasil despenalizó el consumo personal y EE. UU. ya permite el uso recreativo en 24 estados, con el medicinal aprobado en 40.
Los resultados en estos países muestran un descenso del mercado negro, aumento de los ingresos fiscales y una reducción de la presión judicial. No obstante, también enfrentan retos: la regulación excesivamente rígida, como en Uruguay, ha generado un mercado gris que escapa al control estatal y excluye a los sectores más vulnerables.
Salud pública y riesgos
El principal argumento en contra sigue siendo la salud. Expertos en psiquiatría como Enriqueta Ochoa alertan sobre el riesgo de psicosis y trastornos mentales en consumidores jóvenes, y defienden una legalización acompañada de campañas educativas y limitaciones de edad.
Desde el Observatorio Español del Cannabis Medicinal se estima que al menos 300.000 personas en España usan cannabis con fines terapéuticos, aunque lo hacen sin regulación, sin receta médica y con miedo a sanciones, lo que genera una situación de inseguridad jurídica y desprotección para estos pacientes.
Un cambio inevitable, pero complejo
España se encuentra en una encrucijada histórica. La legalización del cannabis, que durante décadas fue una causa social minoritaria, hoy cuenta con respaldo popular, argumentos económicos, científicos, y hasta policiales. La transición no será sencilla. Requiere una regulación clara, escalonada y sensata, que proteja la salud pública, garantice seguridad jurídica, y desmantele el lucrativo mercado ilegal que ahora controlan las mafias.
Con países vecinos avanzando en la regulación, y una sociedad cada vez más abierta al debate, el futuro del cannabis legal en España parece más cercano que nunca, aunque el camino será necesariamente prudente y consensuado.
