La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado como un “triunfo sindical de justicia” la entrada en vigor del Real Decreto de coeficientes reductores que permitirá a los bomberos forestales jubilarse de forma anticipada. La medida, que llevaba años de negociación y presión sindical, supone un paso histórico en el reconocimiento de este colectivo, considerado esencial en la prevención y extinción de incendios.
En una rueda de prensa junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el portavoz de CSIF, Agustín Angulo, subrayó la necesidad de establecer mecanismos claros para acreditar debidamente a estos profesionales y garantizar que las empresas comuniquen a la Seguridad Social su situación laboral, de modo que el derecho a la jubilación anticipada se haga efectivo sin obstáculos.
Reivindicaciones pendientes
CSIF recordó que esta victoria no debe suponer el final de las mejoras laborales para los bomberos forestales. El sindicato exige:
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Reconocimiento de enfermedades profesionales derivadas de la exposición a humo, calor extremo y productos químicos.
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Un reglamento específico de prevención de riesgos laborales adaptado a las peculiaridades del trabajo en incendios.
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La modificación de las jornadas especiales de trabajo, con el fin de ajustar los tiempos a la dureza de las labores de extinción.
“Seguiremos exigiendo el desarrollo de la ley de bomberos forestales para garantizar derechos laborales dignos y una protección adecuada en un trabajo de alto riesgo”, señaló Angulo.
El incendio de Barreiros, ejemplo de precariedad
CSIF aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de apoyo a los profesionales afectados por el incendio forestal de Barreiros (Lugo) este verano, recordando que la tragedia puso de manifiesto la falta de medios y la exposición constante a situaciones de peligro.
“Llevamos mucho tiempo denunciando que estas carencias ponen en riesgo no solo a los bomberos forestales, sino también a las poblaciones que deben ser desalojadas y a las vidas humanas que podrían haberse salvado”, indicó el sindicato.
Petición de un pacto de Estado
La organización reclama un pacto de Estado o una normativa que obligue a las comunidades autónomas a dotar de operativos 100% públicos, permanentes y bien dimensionados durante todo el año. Para ello, propone fijar criterios objetivos en función de la superficie forestal, el número de incendios o la siniestralidad, de modo que se garanticen medios materiales y humanos suficientes sin depender del refuerzo del MITECO, otras comunidades autónomas o incluso ayuda internacional.
