La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), la Unión de Oficiales, la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se unen de nuevo para solicitar formalmente al Ministerio del Interior que se oponga a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
🔔 Comunicado #Urgente| Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en pie de guerra contra Grande-Marlaska.
— Jucil Nacional (@jucilnacional) February 10, 2026
❌ STOP a la regulación masiva de migrantes..
🆘 Sustituir una certificación de antecedentes penales por un declaración responsable❓
VENGA YA.. La seguridad de… pic.twitter.com/hYmM9vELoo
Las asociaciones alertan de que el proyecto de Real Decreto incorpora un apartado que permitiría a los solicitantes de regularización sustituir el certificado oficial de antecedentes penales por una "declaración responsable" en caso de que, tras pedir el documento a su país de origen, no se reciba respuesta en el plazo de un mes.
Rechazo a la declaración responsable
Según el escrito remitido al ministro del Interior, este mecanismo "debe suprimirse del texto final", ya que, a juicio de las asociaciones firmantes, supondría admitir procesos de regularización sin contar con garantías suficientes sobre el historial delictivo de los solicitantes.
En el comunicado, las organizaciones advierten de que la medida "deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad". Asimismo, califican la reforma como una "puerta abierta" a la incorporación a la sociedad española de personas que podrían haber cometido delitos graves en otros países.
Petición al Consejo de Ministros
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil solicitan que el ministro del Interior, como responsable de la seguridad pública, se oponga expresamente a la inclusión de este apartado durante su tramitación en el Consejo de Ministros.
En su posicionamiento conjunto, defienden que no se debe autorizar ninguna regularización si no se acredita de forma oficial la inexistencia de antecedentes penales en los países de residencia anteriores, rechazando que esta comprobación pueda sustituirse por una mera declaración firmada por el interesado.
