El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha anunciado que presentará una proposición de ley para abordar la degradación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con especial atención a la presencia creciente de personas sin hogar que pernoctan habitualmente en sus instalaciones, una situación que, según la formación, “no puede normalizarse”.
La iniciativa legislativa contempla la aplicación de medidas preventivas que impidan que espacios estratégicos como los aeropuertos se conviertan en albergues improvisados, lo que, según Vox, repercute negativamente tanto en la imagen del país como en la seguridad y salubridad de los usuarios y trabajadores.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha subrayado que “los aeropuertos no están diseñados para servir de refugio” y ha exigido que se pongan en marcha alternativas asistenciales coordinadas entre administraciones, pero sin tolerar la ocupación reiterada de zonas comunes en Barajas.
Denuncias de los trabajadores
La formación ha visitado de nuevo el aeropuerto este sábado tras recibir quejas de los propios trabajadores, quienes alertan de un aumento de plagas de chinches con la llegada de las altas temperaturas, así como de una persistente sensación de inseguridad, sobre todo en la Terminal 4 (T-4).
Pese al refuerzo de controles de acceso a la terminal, muchas personas sin hogar siguen pernoctando en su interior, mientras que otras se han desplazado a zonas como el parking. Este fenómeno, según Vox, ha ido en aumento sin que se hayan tomado medidas efectivas.
Una cuestión de imagen, salud y seguridad
Pérez Moñino ha advertido de que esta situación “deteriora gravemente la imagen de España ante los visitantes internacionales” y crea un ambiente poco propicio para el trabajo del personal aeroportuario, que ha visto reducido el nivel de higiene y tranquilidad en su entorno laboral.
La proposición de ley que Vox llevará al Congreso pretende articular una estrategia nacional de protección y mantenimiento de infraestructuras críticas, con competencias para intervenir en casos de ocupación no autorizada, insalubridad o riesgos de seguridad.
Asimismo, la formación exigirá al Gobierno medidas de colaboración institucional con los servicios sociales y de vivienda, pero con criterios de seguridad, orden y respeto a los espacios públicos.
El debate en el Congreso sobre esta cuestión se suma al creciente foco mediático en torno al estado del aeropuerto madrileño, el más importante del país, por el que pasan anualmente más de 60 millones de pasajeros.
