Lo que debía ser una reunión técnica para coordinar el dispositivo de seguridad de las fiestas patronales en Alcalá de Henares se transformó este miércoles en un enfrentamiento político sin precedentes entre el Gobierno central, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a cuenta del controvertido Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes, ubicado en una antigua instalación militar de la ciudad.
El encuentro de la Junta Local de Seguridad, presidido por la alcaldesa Judith Piquet, acabó dominado por la discusión sobre el impacto del centro de migrantes en la seguridad local, a raíz de la presunta violación de una joven por parte de un residente del CAED a finales de junio, lo que ha disparado la tensión institucional y social en el municipio.
Cruce de acusaciones entre administraciones
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, recientemente reprobado por el pleno municipal por su gestión y declaraciones sobre el caso, defendió que desde la apertura del CAED en noviembre de 2023 se han producido solo 16 delitos cometidos por residentes, todos ellos con expedientes de expulsión activados, y denunció que se está utilizando el centro como “chivo expiatorio” de un problema de seguridad más amplio. Afirmó que vincular inseguridad a inmigración es “alimentar discursos de odio” y pidió "no errar el tiro".
Sin embargo, tanto la alcaldesa Piquet como el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, replicaron con dureza. Piquet acusó al delegado de "mentir sobre los datos" y de acudir a la reunión “solo a insultar”, sin abordar el tema principal del día. “Nos ha llamado racistas, ha faltado al respeto a los vecinos de Alcalá y ha ignorado el objetivo de esta Junta”, expresó. Por su parte, Novillo calificó a Martín de “cómplice” de una política migratoria impuesta y sin garantías de seguridad, y le reprochó una “actitud deleznable”.
Desacuerdo sobre cifras y relatos
Martín cifró los delitos cometidos por internos en una tasa "45 veces inferior" a la media local, señalando que entre ellos se encuentran robos, hurtos, allanamientos o resistencia a la autoridad, además del caso de agresión sexual. Aseguró que todos han sido abordados por los cuerpos policiales.
En cambio, Piquet puso en duda esas cifras y afirmó que existen múltiples actitudes “inapropiadas” no denunciadas formalmente: “Exhibicionismo, acoso a mujeres, vídeos sexuales mostrados en la vía pública...”, señaló, advirtiendo que el temor a denunciar o la falta de seguimiento policial contribuyen a subestimar el problema real.
La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento ya exige el cierre del centro, respaldado por una moción aprobada esta semana en el pleno municipal.
Un sainete político en plena escalada
Martín, en tono irónico, calificó la reunión de la Junta como “una escena que podría haber escrito Cervantes” y acusó al Ayuntamiento y a la Comunidad de actuar “con cerillas en la mano” y de estar “gobernados por ultras”. Reclamó una condena por los altercados ocurridos en torno al centro, así como un respaldo explícito a la labor de la Policía Nacional.
En ese sentido, denunció que desde el consistorio se ha permitido “cuestionar la honorabilidad y el trabajo” de los agentes, especialmente durante el desalojo de manifestantes de las inmediaciones del CAED, lugar donde había sido convocada inicialmente una protesta, posteriormente reubicada.
Contexto de creciente tensión vecinal y política
El Centro de Acogida de Alcalá, con 1.700 personas residentes, ha estado en el foco del debate político y social desde su apertura. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han acusado al Gobierno central de haberlo impuesto sin consenso ni planificación adecuada, mientras desde Delegación del Gobierno se insiste en que los niveles de criminalidad no justifican las campañas de rechazo.
Mientras tanto, en paralelo a esta escalada política, el clima vecinal en algunos barrios se ha enrarecido, con protestas, denuncias de convivencia y altercados puntuales que alimentan una creciente preocupación ciudadana. La situación ha abierto un nuevo frente de confrontación entre administraciones en un contexto electoralmente cargado y de alta sensibilidad social.
En medio de este cruce de declaraciones, acusaciones y cifras opuestas, la solución al conflicto parece cada vez más lejana, mientras crece la presión institucional y ciudadana sobre el futuro del CAED y la política migratoria del Ejecutivo.
