Treinta asociaciones de la sociedad civil, agrupadas en el movimiento “De español a español por la Constitución”, han solicitado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se pronuncie de manera pública y “urgente” sobre lo que califican como una “situación de extrema gravedad” en España, derivada de los recientes escándalos de presunta corrupción y las tensiones políticas que, aseguran, amenazan el Estado de Derecho.
En una misiva firmada el 14 de julio por Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda y coordinador de la citada plataforma, las entidades denuncian que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaría implicado en una trama de corrupción que incluye supuestos beneficios económicos vinculados a prostíbulos, así como maniobras políticas con partidos independentistas y formaciones consideradas por los firmantes como “filoterroristas”.
La carta, que da continuidad a varias comunicaciones previas dirigidas a Bruselas en las últimas semanas, expone que los escándalos “han alcanzado una magnitud que daña gravemente la credibilidad ética de España ante Europa”. En concreto, Marichalar menciona las recientes revelaciones publicadas en medios internacionales como The Times y Financial Times, que han informado sobre presuntas conexiones del entorno familiar del presidente con locales de prostitución y un supuesto aprovechamiento económico de dicha actividad, extremos sobre los que, por el momento, no existe confirmación judicial ni pronunciamientos oficiales del Ejecutivo.
Crisis política y destituciones clave
El detonante de la última carta ha sido la fulminante destitución de Santos Cerdán, hasta hace unos días secretario de Organización del PSOE y considerado uno de los hombres de mayor confianza de Pedro Sánchez. Según recoge la misiva y la nota de prensa emitida ayer por “De español a español por la Constitución”, Cerdán habría estado implicado en negociaciones con partidos independentistas y con dirigentes de EH Bildu, y sería conocedor de las “claves de funcionamiento diario del Gobierno”.
Durante el Pleno del Congreso celebrado el pasado 9 de julio, Sánchez evitó, según denuncian los firmantes, explicar públicamente los motivos concretos de la destitución, limitándose a afirmar que había “perdido la confianza” en Cerdán. Desde la oposición se ha vinculado esta decisión a informes de la Guardia Civil que, supuestamente, señalan posibles delitos de corrupción, si bien hasta la fecha no constan procesos judiciales abiertos de forma oficial contra el ex número tres del PSOE.
Acusaciones sobre la amnistía y cesiones a Cataluña
Otro eje de la denuncia enviada a la presidenta de la Comisión Europea es la gestión del llamado “proceso independentista catalán”. El colectivo ciudadano alerta de la estrategia gubernamental para “federalizar España”, tras constatar que Sánchez sigue negociando con partidos independentistas para dar cumplimiento a exigencias políticas que incluyen, según la carta, la cesión de la recaudación de impuestos a la Generalitat y la posibilidad de plantear “algún sucedáneo de referéndum” sobre la independencia de Cataluña.
Los firmantes sostienen que la Ley de Amnistía, aprobada el pasado mes de junio tras meses de debate parlamentario y protestas ciudadanas, no satisface completamente a los sectores independentistas y que el Gobierno estaría dispuesto a nuevas concesiones. Para las asociaciones civiles, estas negociaciones suponen un riesgo para la integridad territorial y el orden constitucional en España.
Llamamiento a la Comisión Europea
Por todo ello, Amalio de Marichalar solicita a Ursula von der Leyen una declaración pública “inmediata”, en la que la presidenta de la Comisión Europea exija a Pedro Sánchez explicaciones sobre “la corrupción, el escándalo de prostíbulos y la deriva de ruptura del Estado de Derecho en España”.
En su carta, Marichalar compara la situación en España con la firmeza mostrada por Bruselas frente a gobiernos de países como Hungría por cuestiones de Estado de Derecho y libertades fundamentales. Según el texto, la falta de reacción por parte de la UE ante el caso español “dañaría el buen nombre de las instituciones europeas y el cumplimiento del rule of law, fundamento básico del proyecto europeo”.
Contexto y cautelas judiciales
Si bien el texto de Marichalar detalla hechos extremadamente graves, hasta el momento no existe confirmación judicial firme ni pronunciamientos oficiales que sustenten las acusaciones sobre la implicación directa de Pedro Sánchez en actividades ilícitas. Fuentes jurídicas consultadas por El Diario de Madrid subrayan que cualquier presunta responsabilidad penal requeriría investigaciones judiciales y garantías procesales, en las que rige la presunción de inocencia.
En cuanto a la destitución de Santos Cerdán, fuentes del PSOE han declinado hacer comentarios más allá de la explicación pública de “pérdida de confianza”, sin confirmar ni desmentir la existencia de un informe de la Guardia Civil.
Mientras, en el plano europeo, la Comisión Europea no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a las cartas de Marichalar ni sobre las acusaciones específicas vertidas contra el Ejecutivo español. Consultada por este diario, una portavoz comunitaria ha señalado que “la Comisión sigue de cerca los asuntos relacionados con el Estado de Derecho en todos los Estados miembros”, aunque ha evitado referirse a casos concretos.
La misiva de Marichalar añade tensión a un contexto político ya convulso, marcado por el debate sobre la Ley de Amnistía, las cesiones a los independentistas y la erosión de la confianza institucional, en un momento clave para la estabilidad política y económica de España.
