La Asamblea de Madrid aprobó, con los votos del Partido Popular y el rechazo de la oposición, una enmienda para proteger la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, de su designación como Lugar de Memoria Democrática en virtud de la Ley de Memoria Democrática. La decisión forma parte de una proposición de ley más amplia destinada a mejorar la gestión autonómica y local, que incluye medidas polémicas como la eliminación del Consejo de la Juventud de la Comunidad.
La Real Casa de Correos: debate sobre memoria histórica y polarización
El debate en torno a la enmienda, presentada durante un pleno extraordinario posterior a la aprobación de los Presupuestos de 2025, se centró en la intención del Gobierno regional de evitar que el edificio, que fue sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) durante la dictadura franquista, sea considerado un símbolo de tortura y represión.
El texto aprobado señala que el Ejecutivo regional está obligado a preservar la "neutralidad, pluralidad, concordia y respeto a la verdad y a la historia" del edificio, prohibiendo la instalación de placas o distintivos que puedan asociarlo con el franquismo, salvo con autorización previa del Consejo de Gobierno.
El diputado del PP José Virgilio criticó los intentos de "vincular" el edificio con el franquismo, calificándolos como una estrategia para "polarizar" y transformar un espacio de "unidad" en un lugar de enfrentamiento.
Por el contrario, la oposición, liderada por PSOE y Más Madrid, denunció esta medida como un intento de eludir la Ley de Memoria Democrática. La diputada socialista Tatiana Jiménez subrayó que el edificio "fue un símbolo de represión durante la dictadura franquista" y que su historia "debe ser respetada". Por su parte, el diputado de Más Madrid Juan Varela-Portas tachó la medida de "autoritaria e inconstitucional", afirmando que solo busca "blanquear la memoria de una dictadura criminal".
Ley de medidas medioambientales y urbanísticas
En la misma sesión, la Asamblea aprobó con los votos del PP, la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y Más Madrid, el Proyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio. Esta norma busca simplificar y agilizar trámites urbanísticos, adelantar plazos para la solicitud de licencias de edificación y facilitar el desarrollo de grandes proyectos como Madrid Nuevo Norte.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, defendió la ley como una herramienta para impulsar la vivienda protegida y acelerar el crecimiento urbano. Sin embargo, la oposición denunció las formas en que se ha tramitado la ley. El portavoz de Más Madrid, Alejandro Sánchez, acusó al PP de favorecer a las empresas en detrimento de los ciudadanos, mientras que el socialista Javier Guardiola calificó la medida como parte de un modelo ideológico que prioriza la especulación y margina a la ciudadanía.
Críticas de la oposición a la gestión del PP
El PSOE y Más Madrid coincidieron en calificar las iniciativas aprobadas como parte de una estrategia del PP para consolidar su mayoría absoluta sin atender las críticas de los grupos minoritarios. Íñigo Henríquez de Luna, de Vox, también cuestionó la proliferación de reformas legales en torno a la Ley del Suelo, aunque su grupo decidió abstenerse en lugar de votar en contra.
El pleno cierra un año de intensos debates políticos en la Comunidad de Madrid, marcados por el enfrentamiento entre el Gobierno regional y la oposición sobre temas de memoria histórica, urbanismo y la gestión de los recursos públicos.
