El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha redoblado sus esfuerzos para evitar que la Real Casa de Correos, antigua sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) franquista, sea declarada Lugar de Memoria por el Ejecutivo central. Para ello, el Partido Popular ha planteado una enmienda a la Ley "miniómnibus" que busca blindar el edificio como sede de la Presidencia regional. Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid y ha recibido críticas tanto de la oposición como de sectores sociales.
El conflicto legal
Un informe de los servicios jurídicos de la Asamblea, firmado el 27 de noviembre, advierte que la enmienda no guarda "conexión material" con la Ley "miniómnibus", que se centra en medidas de mejora de la gestión pública. Este detalle podría invalidar la modificación legislativa, pero el PP insiste en su aprobación bajo el argumento de que la sede de la Presidencia regional tiene una "conexión clara" con la gestión administrativa.
El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, defendió que la enmienda busca preservar el carácter del edificio como "casa común de todos los madrileños" frente a un intento del Ejecutivo central de "politizar" la historia: "El Gobierno de Sánchez intenta vincular la dictadura con un edificio completamente resignificado".
La estrategia del Gobierno de Madrid
Además de la enmienda legislativa, la Comunidad de Madrid ha presentado un requerimiento previo para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando una presunta invasión de competencias por parte del Ejecutivo central. Entre las áreas afectadas, Sol menciona:
- Organización y funcionamiento de instituciones autonómicas.
- Gestión del patrimonio histórico y artístico regional.
- Vigilancia y protección de bienes de dominio público.
Críticas de la oposición
La oposición ha reaccionado con dureza ante la estrategia del PP.
Más Madrid
La portavoz Manuela Bergerot calificó la enmienda como una "artimaña" para eludir la memoria histórica: "La Real Casa de Correos fue un lugar de tortura y represión. Madrid necesita una Ley de fosas que permita a las familias enterrar dignamente a sus víctimas. Mirar nuestra historia es incómodo, pero es un signo de madurez democrática".
PSOE-M
El portavoz socialista, Jesús Celada, acusó al PP de actuar con "insumisión" frente a las leyes estatales: "La Comunidad de Madrid sigue aprobando leyes a toda prisa en un acto de rebeldía constante contra la normativa estatal".
Vox
Desde Vox, Isabel Pérez Moñino criticó al PP por no haber derogado la Ley de Memoria Democrática cuando tuvo la oportunidad con Mariano Rajoy en La Moncloa: "Ahora llegan las consecuencias de no cumplir con sus promesas y el Partido Popular finge indignación".
El intento del Gobierno madrileño de blindar la Real Casa de Correos enfrenta desafíos legales y políticos. Mientras el PP busca frenar la iniciativa del Ejecutivo central, la oposición insiste en la necesidad de asumir la memoria histórica con responsabilidad. Este conflicto no solo evidencia tensiones entre administraciones, sino también profundas divisiones sobre cómo abordar el pasado en el presente político.
