La reforma del sistema de acceso a la función pública anunciada por el Gobierno de España ha cruzado ya las fronteras nacionales y ha llegado a la agenda europea. La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PP, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta formal ante la Comisión Europea en la que solicita que se investigue si el nuevo modelo propuesto por el Ejecutivo español vulnera el Derecho de la Unión.
El núcleo de la reforma reside en sustituir las tradicionales oposiciones —basadas en exámenes anónimos, meritocráticos y objetivos— por un sistema selectivo consistente en un curso de posgrado gratuito de dos años, con un examen final y adjudicación de plazas según la calificación obtenida. Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se trata de una medida “moderna, eficiente y orientada al talento joven”. Pero no todos lo ven así.
¿Un sistema incompatible con Europa?
Montserrat argumenta que esta fórmula puede suponer un riesgo grave para los principios fundamentales de acceso al empleo público en la UE. Según la eurodiputada, se estaría eliminando la objetividad del proceso al eliminar las pruebas anónimas, y en su lugar se introducirían criterios discrecionales sin garantías claras de imparcialidad.
“El nuevo sistema propuesto podría vulnerar el artículo 15.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza la igualdad de acceso al empleo público, además de romper con la transparencia, la comparabilidad y la portabilidad de las cualificaciones profesionales dentro del Espacio Económico Europeo”, sostiene Montserrat.
También advierte del riesgo de crear una “barrera estructural” para la movilidad laboral transnacional, ya que el nuevo curso —de carácter interno y no homologado internacionalmente— podría no ser reconocido por otras administraciones europeas. En ese sentido, plantea posibles incompatibilidades con la Directiva 2005/36/CE, que regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Unión.
Riesgo de nepotismo y degradación del mérito
Más allá del plano normativo, la eurodiputada del PP subraya los posibles efectos nocivos sobre la calidad democrática de la Administración. Al no garantizarse exámenes impersonales, y al depender el acceso a las plazas de un proceso educativo evaluado por la propia Administración, Montserrat considera que se abre la puerta al nepotismo, el clientelismo y la arbitrariedad.
“La objetividad se sustituye por la discrecionalidad. El mérito, por el amiguismo. La igualdad, por la afinidad política”, ha declarado. Unas críticas que han sido compartidas en las últimas semanas por diversas asociaciones de jueces y fiscales, que ven en esta reforma una intromisión del poder político en el acceso al servicio público, especialmente preocupante en el ámbito de la justicia.
Un modelo bajo lupa europea
El documento remitido a la Comisión solicita que se evalúe si esta reforma infringe otras directivas europeas como la 2000/78/CE, relativa a la igualdad de trato en el empleo, y el artículo 41 de la Carta Europea, que establece los principios de buena administración.
Por ahora, Bruselas deberá analizar el caso. Si la Comisión concluye que hay indicios de infracción, podrá emitir un dictamen motivado o iniciar un procedimiento de infracción contra el Reino de España, una posibilidad que ya ha ocurrido en otras ocasiones en materia de empleo público.
El Gobierno defiende la reforma, pero crece la presión
Desde el Ejecutivo se insiste en que la reforma busca atraer perfiles jóvenes, diversificar la Administración y modernizar los procesos, eliminando las barreras sociales y económicas que suponen las actuales oposiciones. No obstante, los sindicatos mayoritarios de la función pública, como CSIF, y las asociaciones de empleados públicos, han mostrado reticencias al considerar que este sistema puede derivar en una pérdida de calidad y neutralidad institucional.
La controversia está servida. El nuevo modelo, aún en fase de anteproyecto, deberá pasar por el Congreso en los próximos meses. Pero el hecho de que Bruselas se pronuncie podría forzar una reforma del propio proyecto antes de su aprobación definitiva.
