Un total de 30 asociaciones de la sociedad civil española han remitido una extensa carta al comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, para denunciar lo que consideran una “gravísima situación institucional” en España derivada de la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la ley de amnistía.
El escrito está coordinado por Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, en representación de la iniciativa De español a español por la Constitución, de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de una amplia plataforma de entidades cívicas de todo el país.
Críticas al dictamen del Abogado General del TJUE
Las asociaciones expresan su frontal oposición al dictamen emitido el pasado 13 de noviembre por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, al considerar que introduce argumentos políticos y no jurídicos al afirmar que la amnistía se habría aprobado en un “contexto real de reconciliación política y social”.
Según los firmantes, esta interpretación coincide de forma literal con el argumentario del Gobierno español y contradice informes previos, entre ellos el del abogado de la Comisión Europea, que calificó la norma como una “autoamnistía” aprobada como contrapartida política para lograr una investidura, vulnerando los principios básicos del Estado de Derecho.
Denuncia de presiones públicas al Tribunal de Justicia de la UE
Uno de los ejes centrales de la carta es la denuncia de presiones públicas directas del presidente del Gobierno al poder judicial europeo. Las asociaciones consideran “extremadamente grave” que Sánchez haya afirmado desde el Palacio de la Moncloa que la ley de amnistía ya ha sido validada por instituciones como la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el Abogado General del TJUE.
Los firmantes sostienen que estas afirmaciones son falsas o tergiversadas y buscan condicionar el futuro fallo del TJUE, del mismo modo —afirman— que el presidente del Gobierno habría interferido públicamente en otros procesos judiciales de alto perfil.
Relato de una estrategia política continuada
La carta desgrana una cronología detallada que, a juicio de las asociaciones, demuestra que la amnistía no responde a un interés general, sino a una estrategia de supervivencia política. Entre los hitos señalados destacan:
-
El indulto previo a los condenados por el proceso independentista.
-
La eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación.
-
El reconocimiento explícito de que la amnistía fue fruto de la “necesidad” de obtener apoyos parlamentarios.
-
La negociación con partidos independentistas y con el expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española.
Según el documento, todo ello supone una ruptura del principio de igualdad ante la ley, de la seguridad jurídica y de la independencia judicial, pilares fundamentales tanto de la Constitución española como del ordenamiento europeo.
Advertencia sobre el impacto en la democracia europea
Las asociaciones alertan de que la situación española trasciende el ámbito nacional y afecta directamente a la credibilidad democrática de la Unión Europea. En su opinión, avalar una amnistía ligada a un intercambio de apoyos políticos podría sentar un precedente peligroso para el conjunto de los Estados miembros.
Por ello, solicitan al comisario McGrath que traslade esta información al presidente del TJUE y al conjunto del Tribunal, y que impulse una revisión profunda del enfoque adoptado por el Abogado General.
Petición de reunión y defensa del Estado de Derecho
Finalmente, los firmantes solicitan una reunión urgente en Bruselas para ampliar la información aportada y entregar documentación adicional, entre ella decenas de informes jurídicos y un dossier con más de 40 actuaciones que, a su juicio, vulneran la Constitución española.
El escrito concluye con un llamamiento explícito a defender sin ambigüedades el rule of law europeo, subrayando que la situación actual en España es “grave y excepcional” y exige una respuesta firme de las instituciones comunitarias.
