El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha afirmado este sábado que la llamada “financiación singular” de Cataluña no es más que el precio político que el PSOE pagó por la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Según Bravo, dicho modelo fiscal fue “negociado para comprar los votos” necesarios para que Illa pudiera asumir el liderazgo del Govern con el apoyo de Esquerra Republicana.
En una entrevista concedida al programa Fin de Semana de COPE, Bravo ha calificado este acuerdo como una decisión perjudicial para el conjunto de las comunidades autónomas, ya que se ha desarrollado de forma bilateral y fuera de los cauces habituales de negociación fiscal multilateral. “No solamente no beneficia al resto de comunidades, sino que las perjudica directamente”, sentenció.
Críticas al modelo pactado entre PSC y ERC
El modelo de financiación específico para Cataluña, pactado entre el PSC y ERC y cuya negociación se reactivará este lunes en una reunión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, ha sido blanco de críticas por parte del PP, que considera que el acuerdo rompe la igualdad entre territorios y representa una cesión más del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los partidos nacionalistas.
Bravo denunció que el Ejecutivo “ya utilizó el perdón de la deuda como moneda de cambio para asegurar la investidura de Pedro Sánchez en 2023” y que ahora repite el patrón con la presidencia de Illa. “Había que comprar los votos y eso es el reflejo de lo que hoy llamamos financiación singular”, declaró.
El PP pide un sistema nuevo y consensuado
Desde las filas populares, Bravo reclamó un nuevo sistema de financiación autonómica, que considere la actual realidad demográfica y económica del país, muy diferente a la que existía cuando se aprobó el modelo vigente en 2009. En este sentido, subrayó el reto que supone el envejecimiento de la población, tanto para el sistema de pensiones como para la sostenibilidad de los servicios de sanidad y dependencia que gestionan las comunidades autónomas.
“El nuevo sistema de financiación debe ser coordinado, consensuado y transparente. No se puede utilizar como moneda de cambio política para asegurar una investidura”, insistió Bravo. El dirigente popular señaló que una de las prioridades de Alberto Núñez Feijóo, si llega a la presidencia del Gobierno, será abordar la reforma del sistema de financiación con el respaldo de la mayoría de las comunidades, “tal como se hizo en 2001 con Aznar, cuando se logró un 93% de apoyos”.
Asimismo, el PP no niega que Cataluña necesite una actualización de su financiación, como ocurre con otros territorios, pero recalca que esta debe integrarse en un modelo nacional equitativo que no privilegie a una comunidad a costa del resto.
Contexto de la polémica
El próximo lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente catalán, Salvador Illa, se reunirán en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para avanzar en la cesión de la gestión y recaudación del IRPF a la Generalitat, así como en el fortalecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña. Esta decisión ha provocado un fuerte rechazo por parte de varios gobiernos autonómicos –incluso socialistas, como el de Castilla-La Mancha–, que denuncian la falta de información y la ruptura del principio de solidaridad territorial.
El modelo que se perfila se asemeja al concierto vasco y navarro, y desde ERC se impulsa como parte del acuerdo de legislatura con el PSOE. La formación republicana, sin embargo, ya ha advertido que exigirá más avances en septiembre, incluida la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Mientras tanto, el PP multiplica sus advertencias y exigencias de transparencia, denunciando lo que consideran “cesiones intolerables” que comprometen la cohesión del Estado y el principio de igualdad entre todos los ciudadanos.
