Escuché al presidente Donald Trump hablar de Venezuela en su primera rueda de prensa tras la detención de Nicolás Maduro como quien escucha un parte meteorológico antes de salir de casa. No para entusiasmarse, sino para prepararse. Ese gesto —aparentemente menor— dice mucho más de nuestra época política que muchos discursos inflamados. No hubo promesas de redención inmediata ni retórica heroica. Hubo, en cambio, algo cada vez más raro: una conciencia de que el acontecimiento visible no coincide necesariamente con el núcleo del problema.
Trump habló de Venezuela con el tono de quien sabe que lo verdaderamente difícil no es derribar una figura, sino hacerse cargo de lo que queda en pie. Como si señalara un edificio en ruinas y advirtiera que el dilema no es mudarse cuanto antes, sino decidir si la estructura puede sostenerse o si habrá que demolerla desde los cimientos. No mencionó héroes ni prometió finales felices. Dio a entender algo incómodo pero esencial: el problema venezolano no se resuelve sustituyendo nombres ni pronunciando discursos desde el balcón del Palacio de Miraflores.
Esa es, quizá, la verdad que más cuesta aceptar. Ni María Corina Machado ni Edmundo González podrían hoy llegar al poder y gobernar con normalidad. No por falta de legitimidad democrática, coraje personal o convicciones liberales, sino porque el país que recibirían no es un Estado funcional que espera ser reformado. Es un territorio profundamente deformado por años de autoritarismo, corrupción y violencia. Un Estado que dejó de ser árbitro para convertirse en botín. Una estructura atravesada por economías ilegales, con amplios sectores armados, entrenados y acostumbrados a sobrevivir bajo lógicas de fuerza.
He llegado a pensar que uno de los mayores errores analíticos consiste en seguir describiendo a Venezuela únicamente como una dictadura política. Lo es, sin duda, pero es algo más complejo y, por eso mismo, más resistente. Venezuela es un sistema político-militar enquistado hasta los huesos. Las fuerzas armadas, la justicia, la economía y la administración pública no funcionan como instituciones diferenciadas, sino como piezas de una misma maquinaria de control. Cuando un régimen ha sobrevivido durante años combinando coerción política con economías criminales, su estabilidad no depende tanto de la adhesión ideológica como de redes materiales de dependencia.
En ese contexto, pensar que todo puede desmontarse mediante elecciones limpias y discursos inspiradores es una forma amable de autoengaño. Las dictaduras no caen solo porque se las declare ilegítimas. Caen cuando pierden el control efectivo del territorio, de las armas y de los recursos. El poder real no se evapora con palabras. Y cuando ese poder ha convivido durante años con el crimen organizado, su resistencia no es simbólica, sino funcional: se defiende porque garantiza supervivencia, renta e impunidad.
De ahí que la instalación inmediata de un gobierno civil sin una fase previa de control y estabilización no sea una prueba de audacia democrática, sino una apuesta temeraria. No porque la democracia sea débil, sino porque el autoritarismo prolongado deja residuos que no se disuelven de la noche a la mañana. Desmontar un régimen capturado por intereses criminales exige tiempo, fuerza institucional y una estrategia que combine legitimidad normativa con control efectivo. No es una tarea elegante. Tampoco rápida. Es, en muchos sentidos, ingrata: obliga a tomar decisiones impopulares y a asumir costos morales que nadie quiere cargar.
Por eso me parece razonable pensar en fórmulas transicionales complejas, como una comisión amplia que combine representación civil legítima, capacidad técnica y respaldo firme de la comunidad internacional democrática. No para imponer un gobierno desde fuera, sino para evitar que el vacío de poder se convierta en un escenario de disputa violenta. La historia latinoamericana está llena de transiciones fallidas por exceso de romanticismo y déficit de realismo institucional.
Hoy Venezuela sigue gobernada, en los hechos, por un sistema que no se ha ido. La cabeza visible puede estar detenida, pero los operadores permanecen: Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. El aparato chavista completo, una burocracia acostumbrada al saqueo y una sociedad devastada por años de dependencia estatal. Un país donde trabajar se volvió una excepción y sobrevivir, una rutina.
Trump, que suele hablar como si los conflictos internacionales fueran sencillos, esta vez pareció entender la complejidad. Tal vez porque Venezuela ha dejado de ser solo un drama latinoamericano para convertirse en un problema global: migración masiva, crimen transnacional, alianzas con regímenes hostiles. Todo eso estaba presente, aunque no se dijera explícitamente. En política exterior, la seriedad suele expresarse menos en grandes declaraciones que en la conciencia de los límites.
He aprendido que la libertad política no llega como un acto ceremonial. No inaugura etapas sin fricción ni borra de golpe las huellas del pasado. Llega con ruido, con polvo y con cicatrices. Requiere paciencia, cabeza fría y una comprensión adulta del poder. Ningún régimen es eterno, pero tampoco existe la transición mágica. Creer lo contrario no es optimismo: es irresponsabilidad analítica.
Ojalá el mundo lo entienda. Ojalá los dirigentes abandonen el lenguaje fácil del tuit y miren el escenario real. Venezuela merece algo mejor que ilusiones rápidas. Merece una reconstrucción profunda, lenta y deliberada. Dolorosa, quizá, pero auténtica. Porque solo así la libertad, aunque no llegue limpia ni intacta, podrá llegar para quedarse.
