En mi artículo anterior expuse algunos ejemplos de lo que considero el despotismo que caracteriza desde hace tiempo la acción de gobierno en parte de Europa y en España. Sin embargo, pocos son tan claros como el de la reciente decisión de regularizar de forma exprés y sin requisito alguno a cientos de miles de inmigrantes ilegales.
El motivo principal de esta medida es tratar de mitigar el hundimiento electoral de los partidos de izquierda ante el PP y Vox. Para evitar ser barrido en las elecciones generales, el gobierno ha decidido regularizar a una enorme masa de ilegales con el fin de concederles la residencia y posteriormente la nacionalidad y el derecho de voto. Acto seguido les otorgarán golosos subsidios a costa de las maltrechas arcas públicas y de esta forma convertirán a este colectivo en clientes rehenes dependientes del gobierno, y por lo tanto, en sumisos votantes.
Este proceso es notoriamente arbitrario y populista, es un paso más en la creación de masas ingentes de votantes cautivos. Para el conjunto de la nación es sin embargo notoriamente nocivo porque:
1) No se revisan los antecedentes penales, lo que empeorará el problema de la criminalidad
2) No se analiza quiénes se pueden integrar y ser productivos y quienes no. En esta materia se debe ser selectivo sin ambages.
3) Se permite que Cataluña y País Vasco impongan el deber de conocer el catalán y el vascuence como requisito imprescindible para la residencia, lo que quiere decir que casi ningún inmigrante irá a esos territorios. Si esto lo hiciera el PP serían tachados de racistas y fascistas.
4) Las autonomías de régimen común, es decir aquellas que están peor financiadas, son las que van a tener que soportar la mayor parte del coste y de los problemas que esta medida va a generar, lo cual es notoriamente injusto y poco democrático.
5) Esta medida no respeta la legislación comunitaria ni los intereses de nuestros socios de la UE dado que también les afecta a ellos por medio del acuerdo de Schengen
6) El saldo neto para el país receptor de este tipo de regularizaciones masivas incontroladas es casi siempre negativo puesto que se generan menos recursos fiscales que los que se consumen en ayudas y en servicios públicos. Esto es especialmente notorio en el caso de los oriundos de África y Próximo Oriente, como demuestran las estadísticas y las evidencias empíricas disponibles en Europa y en España.
7) Esta regularización se cifra en quinientas mil personas, sin embargo, según la policía los beneficiados van a ser 1,2 millones, y probablemente más de 2 millones por la vía del reagrupamiento familiar, lo que va a agravar aún más el problema de la sanidad, el de la vivienda, el del déficit público, y claro está el de la deuda estatal.
Es sabido que nuestro estado del bienestar soporta desequilibrios presupuestarios y financieros difícilmente sostenibles. Este proceso de regularización incondicional y exprés va a tener consecuencias financieras negativas significativas para España en general, y para las autonomías receptoras en particular. Como era de esperar los amigos separatistas de Sánchez se van a librar del marrón.
Conviene saber que la contribución en materia de impuestos y cotizaciones de aquellos regularizados que vayan a trabajar no puede ser más que modesta puesto que la mayoría se ocupa en empleos de poco valor añadido dada su escasa formación y capacitación profesional. Muchos además no pretenden trabajar sino vivir a costa del contribuyente aunque todos ellos van a suponer un mayor gasto público en servicios.
Es una falacia creer que nos van a pagar las pensiones como dicen algunos desinformados o propagandistas, y tampoco van a compensar el gasto público que van a generar. La inmigración es necesaria pero debe controlarse y seleccionarse con criterios objetivos que busquen mejorar la situación del país de acogida, no solamente la de los acogidos.
