A inicios de junio, el sur de México fue escenario de una nueva tragedia vinculada a la violencia criminal. En las inmediaciones del ejido Sabinalito, en el municipio de Frontera Comalapa, estado de Chiapas (cerca de la frontera con Guatemala), cinco policías estatales fueron brutalmente asesinados y calcinados dentro de su patrulla. En el lugar se contabilizaron más de 700 casquillos de bala, testimonio del nivel de violencia que se vive en la región.
El gobernador de Chiapas calificó la emboscada como una “masacre” y ordenó una respuesta “contundente”. Desde entonces, más de mil efectivos entre policías estatales, Guardia Nacional y militares del Ejército Mexica, han sido desplegados en una operación de control territorial en Frontera Comalapa, una zona estratégica para el tráfico de armas, personas y drogas. En uno de los primeros operativos, las autoridades mexicanas incautaron tres fusiles AK-47 y un AR-15 con aditamento lanzagranadas.
Sin embargo, la violencia no se detuvo en el lado mexicano. El 8 de junio, durante una persecución armada en territorio chiapaneco, agentes de la policía cruzaron la línea fronteriza e ingresaron al municipio de La Democracia, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, específicamente en la localidad de La Mesilla. Aunque elementos de seguridad guatemaltecos estaban presentes, no intervinieron. Videos compartidos en redes sociales muestran a militares guatemaltecos observando el intercambio de disparos sin involucrarse.
La incursión provocó un fuerte reclamo diplomático. El gobierno guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, emitió una protesta formal a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, calificando el hecho como un “grave incidente” que puso en riesgo a la población civil y violó la soberanía territorial. En su nota diplomática, Guatemala denunció que la entrada de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata del estado de Chiapas (conocida como “Pakal”) se realizó sin ningún tipo de coordinación bilateral.
El conflicto escaló aún más cuando el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, lanzó acusaciones directas contra las autoridades guatemaltecas. En una declaración pública, afirmó que “elementos del gobierno de Guatemala están coludidos con el crimen organizado” y que la inacción de sus fuerzas armadas ante la incursión mexicana y el enfrentamiento armado del 8 de junio evidenciaba complicidad. Las palabras del mandatario chiapaneco encendieron las alarmas diplomáticas, y fueron interpretadas en Ciudad de Guatemala como un gesto hostil e impropio dentro del marco de respeto bilateral. Aunque el gobierno guatemalteco evitó responder directamente al señalamiento, la tensión entre ambos países se hizo más palpable, alimentando un clima de desconfianza mutua en una región históricamente sensible.
Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ofreció una disculpa pública por lo ocurrido. En un mensaje difundido en la plataforma X (antes Twitter), la Cancillería anunció el envío de una nota diplomática a su contraparte guatemalteca, reiterando su respeto al derecho internacional y comprometiéndose a fortalecer los mecanismos de cooperación fronteriza. La presidenta de México también calificó como “inaceptable” el cruce de personas armadas al territorio vecino.
El trasfondo de esta escalada de tensión se vincula con el avance del crimen organizado en la región. Según medios guatemaltecos, los civiles abatidos durante el enfrentamiento eran presuntos integrantes del llamado “cártel Chiapas-Guatemala” y que serian gentes de “el Teniente”, supuesto sicario de esa organización binacional. El ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, justificó la inacción del Ejército guatemalteco argumentando que su prioridad era evitar daños colaterales a la población civil.
Este nuevo episodio pone de relieve el deterioro de la seguridad en el istmo mesoamericano y la fragilidad de los mecanismos de cooperación regional. Aunque México y Guatemala han trabajado durante años en esquemas conjuntos para la seguridad fronteriza, los hechos recientes muestran una descoordinación alarmante, en una de las regiones más vulnerables del continente a la violencia transnacional.
