Esta semana, en un intento por domesticar la naturaleza indómita de las redes sociales, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que pretende actualizar la vigente Ley Orgánica 2/1984, extendiendo este derecho al ámbito de los medios de comunicación digitales y de las redes sociales.
Estamos hablando de que toda aquella persona que cuente en una misma red social con más de 100.000 seguidores; o en varias, con más de 200.000, será sujeto pasivo de las obligaciones derivadas de esta ley. En concreto, tendrán que habilitar una herramienta para recibir las reclamaciones de rectificación por parte de los ciudadanos que se sientan afectados por cualquier información que hayan compartido en sus redes sociales y, a partir de ahí, el influencer o divulgador se verá obligado a publicar la versión de los hechos del reclamante. Si no accede voluntariamente, el asunto podría acabar en los tribunales.
Y es que, para que haya lugar a dicha reclamación, no es necesario que la información publicada sobre el ofendido sea falsa: basta con que este considere que es inexacta o incompleta. Quiero hacer énfasis en la idea de que a través de un simple juicio subjetivo, sin siquiera un proceso previo de supervisión judicial, un influencer o divulgador puede verse obligado a publicar en su propio espacio una versión de los hechos que también podría ir en detrimento de la verdad.
Autocensura
Pensemos en el canal de YouTube de alguien que se dedique al periodismo digital y que tenga más de 100.000 seguidores. Imaginemos que es una persona que critica duramente a políticos, figuras públicas, o incluso a particulares que se ven involucrados en algún asunto de interés general; ¿se imagina que tenga que publicar en su cuenta, además de su propio contenido, la versión de los hechos de todas y cada una de las personas que han juzgado subjetivamente que una información es falsa, inexacta, o incompleta? Basta con que lo sea para ellos, claro.
Lo que parece buscar esta ley es crear un entorno en el que los divulgadores se vean obligados a actuar con mucha precaución o, directamente, a dejar de actuar. Podrían empezar a evitar ciertos temas sensibles o controvertidos por temor a que alguien se sienta afectado y reclame una rectificación. Este temor no solo se debe a que si no rectifican de inmediato podrían enfrentar consecuencias legales, sino también a que ningún influencer quiere que su cuenta, su espacio personal de trabajo, se convierta en un sitio en el que constantemente se publican informaciones contradictorias e incluso frontalmente opuestas a su moral, como es lógico.
Hipocresía en el discurso
La declaración de Félix Bolaños afirmando que “hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades” refleja una posición del PSOE que busca desviar el foco de atención sobre su propia responsabilidad en el deterioro del debate político en España, ya que no está exento de alimentar la polarización y la manipulación informativa.
Desde su llegada al poder se ha detectado un uso frecuente de discursos que dividen a la sociedad entre “ellos” y “nosotros”, deslegitimando cualquier oposición como si fuera desinformación o mala fe. Acusar a terceros de ser “profesionales del bulo” mientras se ignora la responsabilidad propia en la promoción de narrativas sesgadas y en el uso de medios afines para impulsar mensajes favorables sugiere una doble moral evidente.
Parece que se nos olvidan los constantes ataques del PSOE a todo el que no apoye su narrativa, incluso a figuras internacionales como el actual presidente de Argentina, Javier Milei, contra el cual Óscar Puente realizó declaraciones dando a entender que consumía sustancias estupefacientes, sin pruebas al respecto. Al parecer el Gobierno tiene, como se dice vulgarmente: puño de hierro y mandíbula de cristal.
El peso del título: ¿coincidencia o ironía amarga?
Es imposible ignorar el paralelismo entre el nombre de la ley reformada, Ley Orgánica 2/1984, y la obra literaria que nos legó el término “orweliano” como sinónimo de autoritarismo encubierto. Orwell describió un panorama en el que el Estado domina la información, reescribe la historia y controla el pensamiento mediante mecanismos diseñados para aparentar benevolencia.
El título de esta ley reformada es más que un detalle administrativo. Es un recordatorio inquietante de que la ficción de Orwell ya no es solo una advertencia, sino una descripción de nuestra realidad emergente.
Conclusión
La aprobación de este Anteproyecto de Ley Orgánica supone una amenaza más para la libertad de expresión en las redes sociales al obligar a los influencers a rectificar información, incluso cuando esta no sea objetivamente falsa, sino sólo percibida como inexacta o incompleta por el reclamante.
Este enfoque favorece la subjetividad sobre la verdad objetiva, lo que puede generar un ambiente de autocensura en el que los divulgadores o periodistas digitales eviten abordar temas delicados o polémicos para no enfrentar demandas o la obligación de publicar versiones contrarias a su postura.
Se aprecia una clara y preocupante tendencia al control de la información, donde el temor a las consecuencias legales y sociales puede llevar a la uniformidad informativa y a la restricción del debate público, un fenómeno que nos recuerda a la mencionada obra de George Orwell, en la que el poder se ejerce a través de la manipulación de la información, bajo la fachada de la corrección y el orden. A los políticos no les importa la verdad, sino defender el relato.
