Estamos hablando de que toda aquella persona que cuente en una misma red social con más de 100.000 seguidores; o en varias, con más de 200.000, será sujeto pasivo de las obligaciones derivadas de esta ley. En concreto, tendrán que habilitar una herramienta para recibir las reclamaciones de rectificación por parte de los ciudadanos que se sientan afectados por cualquier información que hayan compartido en sus redes sociales y, a partir de ahí, el influencer o divulgador se verá obligado a publicar la versión de los hechos del reclamante. Si no accede voluntariamente, el asunto podría acabar en los tribunales.

Y es que, para que haya lugar a dicha reclamación, no es necesario que la información publicada sobre el ofendido sea falsa: basta con que este considere que es inexacta o incompleta. Quiero hacer énfasis en la idea de que a través de un simple juicio subjetivo, sin siquiera un proceso previo de supervisión judicial, un influencer o divulgador puede verse obligado a publicar en su propio espacio una versión de los hechos que también podría ir en detrimento de la verdad.

Autocensura

Pensemos en el canal de YouTube de alguien que se dedique al periodismo digital y que tenga más de 100.000 seguidores. Imaginemos que es una persona que critica duramente a políticos, figuras públicas, o incluso a particulares que se ven involucrados en algún asunto de interés general; ¿se imagina que tenga que publicar en su cuenta, además de su propio contenido, la versión de los hechos de todas y cada una de las personas que han juzgado subjetivamente que una información es falsa, inexacta, o incompleta? Basta con que lo sea para ellos, claro. 

Lo que parece buscar esta ley es crear un entorno en el que los divulgadores se vean obligados a actuar con mucha precaución o, directamente, a dejar de actuar. Podrían empezar a evitar ciertos temas sensibles o controvertidos por temor a que alguien se sienta afectado y reclame una rectificación. Este temor no solo se debe a que si no rectifican de inmediato podrían enfrentar consecuencias legales, sino también a que ningún influencer quiere que su cuenta, su espacio personal de trabajo, se convierta en un sitio en el que constantemente se publican informaciones contradictorias e incluso frontalmente opuestas a su moral, como es lógico.

Hipocresía en el discurso

La declaración de Félix Bolaños afirmando que “hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades” refleja una posición del PSOE que busca desviar el foco de atención sobre su propia responsabilidad en el deterioro del debate político en España, ya que no está exento de alimentar la polarización y la manipulación informativa. 

Desde su llegada al poder se ha detectado un uso frecuente de discursos que dividen a la sociedad entre “ellos” y “nosotros”, deslegitimando cualquier oposición como si fuera desinformación o mala fe. Acusar a terceros de ser “profesionales del bulo” mientras se ignora la responsabilidad propia en la promoción de narrativas sesgadas y en el uso de medios afines para impulsar mensajes favorables sugiere una doble moral evidente.

Parece que se nos olvidan los constantes ataques del PSOE a todo el que no apoye su narrativa, incluso a figuras internacionales como el actual presidente de Argentina, Javier Milei, contra el cual Óscar Puente realizó declaraciones dando a entender que consumía sustancias estupefacientes, sin pruebas al respecto. Al parecer el Gobierno tiene, como se dice vulgarmente: puño de hierro y mandíbula de cristal.

El peso del título: ¿coincidencia o ironía amarga?

Es imposible ignorar el paralelismo entre el nombre de la ley reformada, Ley Orgánica 2/1984, y la obra literaria que nos legó el término “orweliano” como sinónimo de autoritarismo encubierto. Orwell describió un panorama en el que el Estado domina la información, reescribe la historia y controla el pensamiento mediante mecanismos diseñados para aparentar benevolencia.

El título de esta ley reformada es más que un detalle administrativo. Es un recordatorio inquietante de que la ficción de Orwell ya no es solo una advertencia, sino una descripción de nuestra realidad emergente.

Conclusión

La aprobación de este Anteproyecto de Ley Orgánica supone una amenaza más para la libertad de expresión en las redes sociales al obligar a los influencers a rectificar información, incluso cuando esta no sea objetivamente falsa, sino sólo percibida como inexacta o incompleta por el reclamante.

Este enfoque favorece la subjetividad sobre la verdad objetiva, lo que puede generar un ambiente de autocensura en el que los divulgadores o periodistas digitales eviten abordar temas delicados o polémicos para no enfrentar demandas o la obligación de publicar versiones contrarias a su postura.

Se aprecia una clara y preocupante tendencia al control de la información, donde el temor a las consecuencias legales y sociales puede llevar a la uniformidad informativa y a la restricción del debate público, un fenómeno que nos recuerda a la mencionada obra de George Orwell, en la que el poder se ejerce a través de la manipulación de la información, bajo la fachada de la corrección y el orden.  A los políticos no les importa la verdad, sino defender el relato.

¿Alguna vez te has imaginado cómo sería tener la vida de tu actor, cantante o influencer favorito? ¿Conoces a alguien que sí?

El daydreaming, o "soñar despierto", es un estado mental en el que las personas permiten que su mente divague, creando escenarios imaginarios o idealizados. Esta actividad mental no es nueva, pero con el auge de las redes sociales, los videojuegos inmersivos y las plataformas digitales, vuelve a ser un tema interesante que poner sobre la mesa. Aunque puede parecer inofensivo, este comportamiento está siendo analizado por su impacto negativo en la juventud, ya que puede fomentar una peligrosa desconexión con la realidad.

Se trata de una forma de imaginación activa, donde las personas crean mundos, situaciones o conversaciones en su mente. A menudo, estas fantasías son más atractivas que la vida cotidiana, ya que permiten a los soñadores ser quienes desean, lograr lo que anhelan y vivir sin restricciones. Todos experimentamos estos "sueños despiertos" en algún momento del día, y pueden ser una forma útil de relajarse, de resolver problemas y, por supuesto, de determinar cómo es esa vida que queremos para posteriormente establecer un plan de acción y cumplir nuestros sueños. Sin embargo, el problema viene cuando tú, tu amigo o tu hijo prefieren sustituir su vida en el mundo real por quedarse en casa viendo vídeos de emprendimiento e imaginarse cómo sería su vida siendo un empresario de éxito, sin mover ficha al respecto en el mundo real.

¿Por qué el daydreaming es atractivo para los jóvenes?

Los jóvenes, especialmente los adolescentes, se encuentran en una etapa de formación de identidad y autodescubrimiento. Durante esta fase, enfrentan presiones sociales, académicas y familiares, que pueden resultar abrumadoras. En este contexto, el daydreaming se presenta como una válvula de escape emocional. Les permite vivir en un mundo donde tienen el control, son admirados o donde sus preocupaciones cotidianas no existen.

La peligrosa línea entre lo virtual y lo real

El problema con el daydreaming excesivo es que puede hacer que los jóvenes prefieran sus vidas imaginarias o virtuales sobre la vida real. A medida que se sumergen más en sus fantasías, corren el riesgo de desconectarse emocional y socialmente de su entorno, lo que puede tener varias consecuencias, entre ellas:

• Aislamiento social
• Falta de habilidades para enfrentar la vida real
• Insatisfacción crónica
• Empeoramiento del desempeño académico o laboral

El papel de la tecnología en el daydreaming excesivo

La tecnología ha jugado un papel crucial en amplificar los efectos del daydreaming. Los jóvenes tienen acceso constante a contenido que alimenta sus fantasías y que presentan versiones idealizadas de la vida. Las redes sociales muestran imágenes de vidas perfectas, viajes de ensueño y cuerpos idealizados, lo que hace que los consumidores comparen sus vidas con esas versiones editadas de la realidad. Al no poder alcanzar esos estándares, muchos optan por refugiarse en fantasías, donde pueden recrear esas imágenes en su mente sin los obstáculos del mundo real.

Asimismo, los videojuegos y las experiencias de realidad virtual permiten sumergirse completamente en mundos alternativos. Estos entornos ofrecen una sensación de logro inmediato y una gratificación instantánea, lo que hace que la vida cotidiana, con sus desafíos y ritmos más lentos, parezca aburrida o insatisfactoria.

De ahí que el problema no esté en que pasemos 7 o más horas diarias en redes sociales (que también), sino en que prefiramos soñar despiertos en lugar de vivir en el mundo real, en que prefiramos vivir la vida de los demás a través de una pantalla antes que la nuestra.

Conclusión

Esta semana, entre otras propuestas, Pedro Sánchez habló de cómo pretendía materializar su lucha contra lo que él denomina “la Máquina del Fango”, “los pseudomedios de desinformación”. Básicamente, su estrategia consiste en retirarles a estos medios las subvenciones públicas que reciben, puesto que, según dicen, sin ellas dichos medios desaparecerían y con ellos la difusión de “bulos”.

Todos sabemos que las subvenciones son esa herramienta que utilizan los partidos políticos para inyectar los recursos del contribuyente en donde les interese. Por supuesto, el fin último de las mismas no crea usted que es otro que el de conseguir votos a corto, medio e incluso a largo plazo, si es que aún queda algún político que piense en este último. 

El líder socialista habló de su preocupación por la amenaza que representan estos “pseudomedios” para la democracia, puesto que según Sánchez, manipulan la opinión pública y condicionan los resultados electorales. Sin embargo, solo para reflexionar, ¿hay algo más democrático que la total y absoluta libertad de expresión?

Íñigo Errejón, alineado con esta visión, fue bastante más específico diciendo lo siguiente: “Vamos a empezar a poner coto a las paguitas de los panfletos ultras”. Es decir, que realmente no se trata de retirarles las subvenciones a los medios que manipulen la información, sino de retirárselas solo a los medios alineados ideológicamente con la “extrema derecha”. Entiendo que será el mismo Comité de Expertos que guió al Gobierno en la pandemia (ese que nunca existió) el que determinará si una información está manipulada o no, si una noticia es o no un bulo… suena hasta orwelliano, ¿verdad?

 A todos nos surge la misma duda, pero no se preocupe porque Vito Quiles ya se encargó de planteársela hace poco a Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos: “Usted ha hablado de acabar con la financiación pública a medios condenados por mentir, pero solo ha hecho alusión a las Comunidades del Partido Popular, entonces quería preguntarle si también en esa propuesta entrarían los medios condenados y financiados por la izquierda, que son unos cuantos”. No obtuvo respuesta alguna.

Lo cierto es que la ironía no pasa desapercibida, pues mientras que abogan por retirarle la financiación a ciertos medios, anuncian simultáneamente un generoso paquete de 100 millones de euros destinado a la “digitalización de medios”. La excusa he de reconocer que es buena, hasta que nos damos cuenta de que en pleno 2024 prácticamente todo está ya digitalizado. Traducción: se dejan de subvencionar los medios que no son afines a la ideología del Gobierno, y se redobla la apuesta para aquellos que sí lo son. Otra cosa no lo sé, pero Pedro Sánchez es una persona agradecida allá donde las haya.

La batalla mediática está servida y la guerra por el control de la información en uno de sus momentos más tensos. En el trasfondo, la lucha no es por la verdad ni mucho menos, sino por tener la última palabra en la narrativa nacional.

El año pasado el consumo de televisión de los españoles resultó ser, de media, de unos 181 minutos por persona al día. Dicho así, probablemente no sabremos si es mucho o poco, pero si miramos el historial de años anteriores, pronto nos damos cuenta de que, ciertamente, cada vez es menos.

Desde hace años las redes sociales han sido un competidor muy grande para la televisión en el sector del entretenimiento, pero parece ser que este fenómeno ha evolucionado y ahora también lo es en el sector de la información, periodismo y actualidad.

Últimamente ha habido toda una revolución de podcast en redes sociales, fenómeno cuanto menos curioso, que nunca se había visto a lo largo de la historia, más que nada porque las redes son muy recientes. Y es que miles de jóvenes han dado el paso de exponerse al mundo hablando sin filtro y de forma independiente de temas tales como política, economía, o historia, y llegando los más exitosos a millones de espectadores, cual auténticos periodistas, sin serlo.

Está claro que antes los medios convencionales tenían el monopolio de la información y ahora no, pero ¿por qué los jóvenes prefieren las redes? Esto se debe, desde mi punto de vista, a múltiples razones. La primera de ellas es que los medios de comunicación convencionales han perdido credibilidad por dedicarse de una forma tan evidente a la propaganda política, por lo que a muchos jóvenes les llama más la atención los creadores de contenido o divulgadores que se dedican en redes sociales a hablar de lo “políticamente incorrecto”. Tratan temas que, por los intereses que sea, no se tocan en los medios de comunicación convencionales: se omiten, se censuran, o se tocan, pero manipulando la información para alinearla con el discurso que les convenga. Cada vez son más personas, jóvenes y adultos, que teniendo interés por informarse y estar actualizados, no se creen lo que dicen en estos medios y encuentran refugio en Telegram, en podcast de YouTube, o en periodistas y periódicos digitales independientes.

Uno de los mejores ejemplos es el “fenómeno Alvise”, quien logró cosechar alrededor de 800.000 votos en las recientes elecciones europeas sin empujón mediático alguno. Sin entrar en ideologías, estos hechos llevan a pensar, como mínimo, que queda demostrado que nuestros impuestos no eran entonces tan necesarios para las campañas electorales, ¿verdad?

Entre los demás factores que se suman para dar este resultado, tenemos el hecho de que una red social es “información a la carta”, por lo que el usuario tiene total libertad de elegir lo que quiere consumir, y no solo el qué, sino el cómo: sin tantos minutos de publicidad, pudiendo pausar un vídeo y dejarlo para después, aumentar o disminuir la velocidad de reproducción, etc.

Otro punto importante es que en un medio de comunicación convencional la interacción entre usuarios no es la misma que en una red social, a lo que hay que añadir que las generaciones más jóvenes son nativas digitales, y están acostumbradas a la interacción y a los múltiples estímulos que les ofrece una red social.

El hecho de que dichas generaciones se hayan criado entre pantallas les da el poder de elegir dónde depositan su atención. Dicho de otra manera, una persona mayor que, por ejemplo, no sepa utilizar un dispositivo móvil, difícilmente puede consumir información cuyo soporte no sea un medio convencional, del cual ya tiene además un hábito de consumo, por lo que no tiene ese poder de elección. 

Ante este panorama es crucial preguntarnos ¿cómo influye este cambio en la calidad de la información que consumimos? Me gustaría invitarle a reflexionar sobre el impacto de estos nuevos formatos digitales en nuestra sociedad, y a considerar cómo podemos fomentar un entorno mediático que promueva la información veraz y el pensamiento crítico.

Esta semana el Fiscal General del Estado ha protagonizado un nuevo escándalo de unas dimensiones tremendas, aunque cierto es que para que algo sea un escándalo tiene que haber una cierta indignación colectiva que parece no haber, prevaleciendo la apatía general de los ciudadanos. Resulta que se han filtrado los mensajes que le envió a la Fiscal superior de Madrid, dándole órdenes de difundir un comunicado sobre las conversaciones entre la fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso para cerrar un acuerdo de conformidad. El objetivo de este tipo de artimañas es, sin duda alguna, y esto ya es un aporte subjetivo, debilitar al adversario político. En otras palabras, el Fiscal General del "Gobierno", que no del "Estado", permitiéndome esta liberalidad, se ha prevalido de su cargo y de su potestad para dictar órdenes a sus subordinados para que otro servidor público difunda datos de un particular. A raíz de estos hechos, Manos Limpias, el sindicato que está últimamente en boca de todos por haberse querellado contra la esposa de Pedro Sánchez, y posteriormente contra su hermano, también se ha querellado contra Álvaro García Ortiz, alegando ser este presuntamente responsable de un delito de revelación de secretos, tipificado en el art. 417 del Código Penal.

Dejando esto por un lado, lo que me interesa hoy no es profundizar en esta noticia, sino más bien hacer una crítica a la "no independencia" de los fiscales.

Al Ministerio Fiscal hay que imaginárselo como el conjunto de todos los fiscales del país, dependientes jerárquicamente unos de otros. Dicha jerarquía termina en el Fiscal General del Estado, o lo que es lo mismo: todos los fiscales están subordinados a este. Esta dependencia jerárquica se justifica, en teoría, por el principio de unidad de actuación, que básicamente significa que todos los integrantes de la fiscalía tienen que actuar como si fueran una misma persona y a través de órganos propios. En otras palabras, tiene que haber una cierta uniformidad en la actuación de la fiscalía. De ahí que un fiscal pueda dictar órdenes e instrucciones a sus subordinados, como efectivamente venimos viendo que sucede.

Esta particularidad del Ministerio Fiscal no se da entre jueces y magistrados, los cuales gozan de total independencia dentro del margen de actuación que les ofrece la ley, pues recordemos que se encuentran sometidos al imperio de la misma. Esto se traduciría en que un tribunal no pueda dictar órdenes ni instrucciones a otro inferior.

Por otro lado, si a esta facultad del Fiscal General del Estado le sumamos el hecho de que se trata de un cargo cuyo titular es designado por el Gobierno, nos queda un cóctel que, como mínimo, personalmente me resulta amargo. ¿Se trata del Fiscal General del Estado o del Gobierno? ¿Defiende los intereses del Estado o los del Gobierno? Y es que nos brota esta duda en el momento en el que leemos uno de los mensajes filtrados, que dice lo siguiente: "Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato". ¿Desde cuándo el Fiscal General del Estado tiene que estar pendiente del relato que se impone y que triunfa? De lo que tiene que estar pendiente es de ejercer sus funciones con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad.

He querido ir desglosando las principales características de este cargo para sugerirle al lector que un puesto con tal nivel de responsabilidad sólo puede ser ejercido, y esto ya es otro aporte subjetivo, por alguien con un nivel de honradez, integridad, y calidad humana muy por encima de la media. En otro caso, la tendencia del ser humano va a ser aprovecharse del cargo y velar por sus intereses propios antes que por los de la sociedad. De esta manera, sería muy interesante que nos planteemos la posibilidad de que el Ministerio Fiscal gozase de la misma autonomía e independencia que los jueces y magistrados. 

Por tanto, para terminar este artículo, me gustaría invitarle a reflexionar sobre este tema, pues solo mediante la introspección y el debate sano y honesto podremos construir una sociedad próspera.