La gravedad de las crisis institucionales no siempre se mide por la profundidad de sus causas, sino por la asombrosa asimetría entre el riesgo asumido y el beneficio perseguido. Lo que estamos presenciando en el seno del Ministerio del Interior y la cúpula de la Guardia Civil no es el despliegue de una maquiavélica alta política, sino el síntoma de una alarmante torpeza de cálculo.
Cuesta comprender el proceso de toma de decisiones en el que se considera razonable tensionar la cadena de mando de una institución histórica por una simple cuestión de protocolo. Activar resortes de presión, generar un conflicto interno sin precedentes y asomar la oreja de forma tan evidente para intentar boicotear la asistencia de un mando a un acto autonómico ordinario denota una profunda falta de madurez estratégica. Por encima de la evidente falta de luces, subyace un tic profundamente antidemocrático: el de considerar que los resortes y la disciplina del Estado están al servicio de las filias, las fobias o las estrategias de un partido. Es la apoteosis de la desproporción: arriesgar un capital institucional inmenso a cambio de una recompensa inexistente.
Este episodio pone en evidencia una disfunción organizativa alarmante: que desde el órgano de origen de la instrucción hasta el último eslabón de la cadena de transmisión, ningún resorte de control interno haya advertido la flagrante torpeza de la medida. Genera una honda preocupación constatar en qué manos se encuentra la gestión estratégica del Estado cuando decisiones de este calado se adoptan bajo parámetros tan rudimentarios y faltos de perspectiva elemental.
El verdadero problema de fondo ya no es solo de índole ética, sino de idoneidad. Un liderazgo sólido se define por la templanza y el análisis de riesgos; por saber qué batallas merecen ser libradas y cuáles pertenecen al terreno de la anécdota. Cuando un departamento se desgasta y se expone a semejante crisis reputacional por un berrinche de despacho o un desaire menor, lo que queda al descubierto es una pavorosa falta de luces. La instrumentalización de las instituciones públicas vulnera la neutralidad que exige nuestro sistema democrático, un peaje demasiado caro para un rédito tan menor.
La soberbia política suele ser una mala consejera, pero combinada con la miopía estratégica resulta letal para el crédito de los gobernantes. Al final, cuando la gestión pública se degrada hasta el punto de confundir la autoridad con la rigidez protocolaria, el rastro que se deja es el de una preocupante inoperancia. Es precisamente esta quiebra de la eficacia operativa la que se convierte en el verdadero motivo, por encima de consideraciones ideológicas, para que la asunción de responsabilidades políticas y el agradecimiento de los servicios prestados pasen de ser una opción a convertirse en una exigencia institucional ineludible.
