A finales de los años setenta, en Córdoba, el farmacéutico Fernando Chacón Mejías comenzó a elaborar en su farmacia un preparado al que denominó “vacuna de enzimas vivientes”, también conocido como FR-91. Según su creador, este producto, basado en supuestas “enzimas activas”, podía tratar enfermedades graves como el cáncer o la artritis. En aquel contexto, marcado por una menor regulación y por la esperanza de soluciones alternativas, su propuesta atrajo a numerosos pacientes. Sin embargo, en 1978 la Comisión Mixta de Farmacia rechazó su inclusión en el sistema sanitario y dejó de pagar recetas de la Seguridad Social de fórmulas magistrales prescritas por médicos. En 1986, la Dirección General de Farmacia prohibió su dispensación al no poder considerarse ni fórmula magistral ni medicamento. No había evidencia clínica que respaldara sus afirmaciones, solo testimonios y promesas. Pese a ello, años después su hijo intentó relanzar el producto bajo el nombre Bio-Bac, lo que desembocó en la operación policial de 2002, con detenciones por venta ilegal y acusaciones de estafa sanitaria. Como escribió Quevedo, “nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”, y estos fraudes parecen confirmarlo.
Poco después, ya en los años noventa, el nombre del doctor Antonio Miguel Bogas, también en Córdoba, saltó a la prensa nacional. Este médico lanzó unas supuestas píldoras adelgazantes “naturales” que prometían resultados rápidos gracias a su combinación de algas, té y otros extractos vegetales. Sin embargo, análisis de laboratorio revelaron algo mucho más grave: las cápsulas contenían sustancias de uso estrictamente médico, como diazepam, hormonas tiroideas y diuréticos potentes. Los efectos secundarios no tardaron en aparecer: arritmias, trastornos metabólicos, disfunciones tiroideas e incluso casos de insuficiencia cardíaca entre los consumidores. Bogas fue finalmente procesado y condenado en 2002 a cuatro años y nueve meses de prisión por delitos contra la salud pública y lesiones. Su caso ejemplifica cómo, bajo la apariencia de productos “naturales”, pueden esconderse verdaderos cócteles farmacológicos administrados sin control ni prescripción adecuada.
En paralelo, durante los años ochenta, surgió la figura del doctor Amat, quien promovió un supuesto medicamento llamado Amatrisan, al que atribuía propiedades casi milagrosas frente al cáncer. Sin ensayos clínicos ni respaldo científico, Amat difundió su preparado entre pacientes desesperados, generando una polémica que acabaría con la intervención de las autoridades sanitarias y el recuerdo de uno de los episodios más llamativos de falsas terapias en la España de la época. En el año 2000, Amat fue condenado por la Audiencia de Castellón a 14 años de prisión por delitos de intrusismo, estafa y delitos contra la salud pública.
Mientras el caso Bogas aún continuaba, en paralelo avanzaba el conflicto en torno al Bio-Bac de la familia Chacón. Pese a las advertencias oficiales, en la década de 1990 y principios de 2000, se distribuyó entre enfermos de cáncer y otras patologías graves como una alternativa “natural” a los tratamientos médicos. La operación policial de 2002 reveló la magnitud de la red: médicos implicados, distribución irregular y pacientes que abandonaron terapias convencionales por un producto sin autorización ni respaldo científico. Aunque con el tiempo el preparado se etiquetó como complemento alimenticio bajo el nombre de Renoven, su historia se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo las lagunas regulatorias pueden ser explotadas para difundir falsas esperanzas.
El fraude más reciente y mediático tiene nombre propio: Josep Pàmies, agricultor catalán y fundador del movimiento “Dulce Revolución”. Pàmies se ha convertido en el principal promotor del MMS (Miracle Mineral Solution), una solución de clorito de sodio que, al mezclarse con ácido, genera dióxido de cloro: un potente desinfectante industrial sin uso terapéutico aprobado. Pese a las advertencias de la Agencia Española de Medicamentos y de la propia Organización Mundial de la Salud, Pàmies ha defendido públicamente su utilización para “curar” desde el autismo hasta el cáncer o la covid-19. Los resultados, lejos de milagrosos, han sido alarmantes: intoxicaciones graves, vómitos, diarreas, edemas e incluso ingresos hospitalarios. En 2024, la Generalitat de Cataluña impuso sanciones de 1,2 millones de euros tanto a Pàmies como a su asociación, el mayor castigo registrado en España por promoción de productos peligrosos como alternativa a la medicina convencional.
Estos tres episodios, separados en el tiempo, pero unidos por el mismo patrón, revelan un grave problema de salud pública: la persistente atracción de los falsos remedios “naturales” que se presentan como soluciones indoloras frente a enfermedades complejas. En todos los casos hubo un elemento común: promesas extraordinarias sin ensayos clínicos, testimonios utilizados como reclamo publicitario y una narrativa de desconfianza hacia la medicina y las autoridades sanitarias. Como advierte el viejo refrán, “nadie da duros a cuatro pesetas”: cuando alguien promete curas fáciles para problemas difíciles, el riesgo siempre recae en el enfermo.
La historia demuestra que, cuando las autoridades actúan tarde, los falsos terapeutas encuentran el espacio perfecto para expandirse. Ni las píldoras del doctor Bogas, ni la “vacuna” de Chacón, ni el MMS de Pàmies pasaron jamás por las exigentes pruebas científicas que garantizan seguridad y eficacia. Sin embargo, miles de personas, algunas muy bien formadas, confiaron en ellos, muchas veces abandonando tratamientos legítimos.
Conviene recordar, como advertía Santiago Ramón y Cajal, que “a los necios les gustan más las verdades aparentes que las verdades demostradas”. La medicina debe basarse en pruebas y ensayos científicos, no en los eslóganes ni en la desesperación. Y mientras existan quienes intentan lucrarse con remedios sin pruebas, la respuesta de las instituciones debe ser firme y temprana. Porque la salud no admite atajos, y la historia de estos fraudes debería recordárnoslo siempre.
