La política española lleva años mostrando un clima de impunidad que ha terminado por deteriorar la confianza de millones de ciudadanos en las instituciones. Cada nuevo escándalo, cada imputación, cada investigación sobre dirigentes políticos o sus entornos familiares no hace más que reforzar la sensación de que en España no todos tienen el mismo trato por parte de la justicia.
Mientras un trabajador autónomo, un pensionista o cualquier ciudadano corriente debe enfrentarse a Hacienda, a los juzgados o a la administración sin privilegios ni protección alguna, gran parte de la clase política continúa refugiada en aforamientos, y tribunales superiores cuyos órganos de gobierno han sido escogidos por los mismos partidos que luego deben ser juzgados. El resultado es demoledor para la credibilidad democrática de la justicia en España.
Los grandes partidos, desde el PSOE hasta el PP, llevan años acusándose mutuamente de corrupción mientras se alternan en el poder manteniendo intacto un sistema que protege a las élites políticas. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, pero los mecanismos continúan siendo exactamente los mismos. Los ciudadanos contemplan cómo aparecen familiares enriquecidos, puertas giratorias, contratos sospechosos, consejos de administración y patrimonios difíciles de justificar mientras la presión fiscal y las dificultades económicas recaen siempre sobre la población trabajadora.
El problema ya no es únicamente la corrupción. El problema es la estructura del sistema. Cuando los órganos judiciales superiores dependen de ser escogidos por el poder político, la sospecha de dependencia queda consolidada, aunque sin duda existan jueces honestos. Y esa sospecha destruye la confianza pública en la justicia igual para todos y la independencia del poder judicial.
España necesita una regeneración institucional profunda y urgente. Los aforamientos políticos deben desaparecer casi por completo. Un diputado, un ministro o un expresidente deben responder ante los mismos juzgados que cualquier ciudadano salvo en cuestiones estrictamente relacionadas con la seguridad del Estado. La igualdad ante la ley no puede seguir siendo un eslogan vacío.
Además, el Consejo General del Poder Judicial debe dejar de ser un coladero de reparto entre partidos. Los jueces no pueden parecer elegidos por quienes después serán investigados por ellos. La independencia judicial no solo debe existir: debe ser visible y creíble para la sociedad.
También resulta imprescindible endurecer los controles patrimoniales sobre cargos públicos y familiares directos, prohibir durante años las puertas giratorias y crear organismos de fiscalización verdaderamente independientes del poder político. Porque la corrupción no empieza cuando alguien es condenado; empieza cuando el poder deja de temer las consecuencias, y se tiene la seguridad de que sus delitos nunca serán condenados con la misma contundencia que los de cualquier otro ciudadano .
Estamos cansados de tantos discursos vacíos sobre regeneración democrática mientras los privilegios continúan intactos. La democracia no puede sostenerse indefinidamente sobre la sensación de que existe una clase política protegida y una población obligada únicamente a pagar, obedecer y callar. O se recupera la igualdad real ante la ley o la credibilidad institucional seguirá decreciendo hasta convertirse en un problema mucho más grave para el futuro del país.
En definitiva, necesitamos una separación de poderes que sea real, la necesidad de que no haya injerencia entre unos poderes y otros y que cuando se juzgue a quien se ha beneficiado de su cargo o directamente se haya enriquecido por el uso indebido de fondos del estado o por su posición política, sean juzgados con absoluta independencia y si se da el caso sancionados con condenas realmente contundentes que aparte de convencer a la población sobre la justicia independiente, sirva para advertir a quien tenga la tentación de enriquecerse de la política , que tarde o temprano sus fechorías serán juzgadas y castigadas como realmente se merecen.
