La Fundación Renovables ha salido al paso de manera inmediata tras conocerse el aval técnico del Consejo de Seguridad Nuclear a la planta de Almaraz, reclamando con firmeza al Gobierno de España que no ceda a las presiones y mantenga de forma estricta el calendario de cierre acordado para los años 2027 y 2028. Desde la organización ecologista recuerdan que el informe del regulador no constituye en ningún caso un dictamen de conveniencia política, sino una mera auditoría de seguridad que certifica que no existen riesgos de carácter técnico si se decidiera prolongar la vida operativa de los reactores, dejando toda la responsabilidad de la decisión final en manos del Ministerio para la Transición Ecológica.
La prórroga de los reactores amenaza los objetivos de descarbonización del Pniec
La plataforma advierte de que dar marcha atrás en la clausura programada y cancelar los acuerdos ya suscritos con las grandes compañías eléctricas propietarias de la planta generaría un grave perjuicio estructural para el sistema energético español. Según sus análisis, mantener operativos los reactores nucleares lastraría de manera definitiva la viabilidad económica y el despliegue de las nuevas instalaciones de energía verde, haciendo prácticamente imposible alcanzar las exigentes metas de descarbonización fijadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) de cara al año 2030, una planificación estatal que se diseñó tomando como premisa indiscutible el cese escalonado del parque atómico de nuestro país.
Estudios independientes avisan de un "tapón energético" para las renovables
Para sustentar esta postura, la Fundación Renovables se apoya en investigaciones recientes de carácter independiente publicadas por instituciones académicas y científicas de prestigio, tales como la Universidad Rey Juan Carlos o el Barcelona School of Economics en colaboración con el Institut de Recerca en Energia de Catalunya.
Estos estudios de referencia coinciden en señalar de manera unánime que una hipotética prórroga en el funcionamiento de las centrales tradicionales provocaría un tapón energético que impediría de facto alcanzar el objetivo de que el 81% de la generación eléctrica nacional provenga de fuentes totalmente limpias al final de la presente década.
Por todo ello, el colectivo insiste en que la resolución final sobre la mesa del Ejecutivo central es de índole estrictamente política y estratégica para el modelo productivo nacional. Con este argumento, exigen formalmente a la coalición de Gobierno que actúe con coherencia regulatoria, defienda la hoja de ruta de la transición ecológica y ratifique la clausura definitiva del primer reactor del complejo extremeño para el otoño de 2027, procediendo del mismo modo con la desconexión definitiva de la segunda unidad en el transcurso del año 2028.
