De los conflictos más complejos que me ha tocado conocer durante mi carrera como abogado, pocos igualan a las disputas entre vecinos. Son diferencias que, cuando no encuentran límites, suelen escalar hasta niveles impensados. En Mar del Plata quedó grabado un caso paradigmático, conocido como La Guerra de la Medianera (Yatah c. Borrazas), donde una discusión por un muro divisorio derivó en disparos, un automóvil incendiado, un gato muerto, agresiones con cuchillos y hasta heridas provocadas con un rifle de aire comprimido. Todo comenzó por una pared.
Pero hoy no quiero hablar de los vecinos de un barrio, sino de los vecinos que comparten fronteras. Las relaciones entre los Estados exigen una prudencia mucho mayor, porque detrás de cada declaración altisonante o de cada gesto de confrontación no sólo se juega el prestigio de un gobierno: también están en riesgo el trabajo, las inversiones, el comercio y el futuro de millones de personas.
Los gobernantes son administradores circunstanciales del poder. Los países, en cambio, permanecen. Por eso resulta preocupante cuando las diferencias políticas se transforman en agravios personales o en decisiones que deterioran vínculos construidos durante décadas. Las tensiones diplomáticas entre naciones vecinas nunca son un problema exclusivo de los presidentes. Las consecuencias recaen sobre empresarios, productores, trabajadores, transportistas y familias que dependen de una relación estable para desarrollar su actividad.
Con demasiada frecuencia la política parece olvidar que el sector privado no es un espectador, sino quien genera riqueza, empleo y oportunidades. Una palabra imprudente, una amenaza innecesaria o una decisión tomada pensando únicamente en la coyuntura pueden desalentar inversiones, afectar exportaciones o sembrar incertidumbre donde debería existir confianza.
Frente a esa realidad, vale la pena recordar la figura de Enrique Shaw. Empresario y dirigente comprometido con la doctrina social cristiana, entendió que la empresa no debía limitarse a obtener beneficios económicos, sino convertirse en una comunidad al servicio de las personas. Demostró que la rentabilidad y la ética no sólo son compatibles, sino que se fortalecen mutuamente cuando el respeto por la dignidad humana guía las decisiones.
Los países necesitan gobernantes prudentes, pero también necesitan empresarios confiables, capaces de generar empleo, invertir a largo plazo y construir puentes donde otros levantan muros. El desarrollo sostenible sólo es posible cuando existe cooperación entre un Estado responsable y un sector privado comprometido con el bien común.
Quizás la conciencia de nuestra propia finitud sea el mejor remedio contra la soberbia. Los funcionarios pasan; las empresas permanecen; los pueblos continúan escribiendo su historia. Como ocurre entre buenos vecinos, el respeto, el diálogo y la cooperación siempre producen mejores resultados que el grito, la provocación o el conflicto permanente.
Porque, al final, las fronteras seguirán allí mucho después de que quienes hoy gobiernan hayan dejado sus cargos
