España afronta un riesgo estructural grave: una red de presas envejecida, en gran parte heredada de las grandes obras hidráulicas del siglo XX —muchas construidas durante el periodo de Franco—, hoy sumida en un déficit crónico de mantenimiento y sin planes de seguridad efectivos, en un contexto de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. A este deterioro se añade un rechazo ideológico a la gestión hidráulica moderna, que durante años ha bloqueado la limpieza de cauces, la modernización de infraestructuras y nuevas obras de regulación. El resultado es una combinación peligrosa: infraestructuras antiguas, abandono inversor y una gestión condicionada por dogmas, que constituye una auténtica bomba de relojería para la seguridad de personas y bienes.
El riesgo no es teórico. Expertos han advertido que al menos 140 presas tienen comprometida su seguridad por falta de mantenimiento profundo, mientras la inversión real destinada a su conservación es muy inferior a la necesaria. Al mismo tiempo, los mismos movimientos ecologistas radicales que se oponen sistemáticamente a presas, encauzamientos y actuaciones en ríos y cauces miran después hacia otro lado cuando llegan las riadas, las inundaciones o episodios como la DANA, cuyas consecuencias pudieron haberse mitigado con una política hidráulica responsable.
España posee una de las redes de presas más densas del mundo, con más de 2.453 estructuras, muchas de las cuales superan con creces su vida útil. Más de 600 presas tienen más de cincuenta años y más de cien superan el siglo de antigüedad. Además, tres de cada cuatro carecen de planes de emergencia efectivos, lo que supone una grave vulneración del deber público de garantizar la seguridad.
A ello se suma una gestión pública negligente: la inversión anual necesaria para el mantenimiento debería situarse entre 400 y 500 millones de euros, pero en 2023 apenas se destinaron 16 millones. Este abandono no puede separarse de un modelo que prioriza el gasto ideológico y la propaganda sobre la conservación de infraestructuras críticas, en un país expuesto estructuralmente tanto a sequías como a lluvias torrenciales.
Los episodios recientes de inundaciones han demostrado la fragilidad del sistema. La combinación de lluvias extremas, cauces sin limpiar, falta de infraestructuras de regulación y presas envejecidas multiplica el riesgo de catástrofes evitables. La historia ya ha mostrado, con tragedias como Ribadelago, que estos fallos no son meras hipótesis.
Desde una perspectiva jurídica, la Administración tiene obligaciones claras: garantizar la seguridad, mantener adecuadamente las infraestructuras, implantar planes de emergencia y desarrollar una política hidráulica racional que incluya limpieza de cauces, modernización y nuevas obras de regulación. La inacción y el bloqueo ideológico no son simples errores de gestión, sino incumplimientos del deber de garantía, con posibles responsabilidades jurídicas.
La próxima tragedia no será un accidente fortuito. Será la consecuencia directa de años de abandono, de prioridades presupuestarias distorsionadas y del rechazo ideológico a las actuaciones preventivas. España debe actuar ya: invertir, modernizar, inspeccionar y planificar con rigor técnico. De lo contrario, el precio no se pagará solo en bienes materiales, sino en vidas humanas que el Estado está obligado a proteger.
